La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia

El 2 de octubre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunció una vez más en defensa de la universidad pública argentina. La declaración del organismo expresa lo siguiente: “Hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional con la preocupación por el desfinanciamiento que estaba experimentando el sistema universitario y científico. En aquella gesta colectiva de abril, con plazas y calles de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra voz en defensa de la universidad pública, la educación y la ciencia.

“Siempre con la disposición por la búsqueda de soluciones, advertimos, en aquel entonces, las dificultades que el sistema atravesaba. Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy. La reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de cien obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios.

“Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Fueron infructuosos todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones.

“Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver estructuralmente los problemas.

“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento. El gobierno busca desmantelar la paritaria nacional docente y no docente, la principal herramienta para resolver las controversias salariales y las condiciones de trabajo, por tres vías. La primera, negando la especificidad de los convenios colectivos de trabajo y equiparando esta paritaria a la de la administración pública nacional. La segunda, transformándola en una farsa en la que el diálogo y la instancia de negociación desaparecen y solo existe la imposición, la palabra vacía y la difamación hacia trabajadoras y trabajadores. La tercera, negándose a resolver el pliego completo de reivindicaciones: cumplimiento y pago de la garantía salarial, reposición y pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), formación y capacitación, cargos genuinos para ad honorem y personas contratadas, salud y condiciones de trabajo, nomenclador de nivel preuniversitario y recomposición de los programas socioeducativos. El reclamo por recomposición salarial para sostener la universidad pública converge con las luchas de la clase trabajadora por su salario y condiciones de vida. Todo ello bajo el impacto del índice de pobreza, que creció más del 10 % en los primeros seis meses del año, con casi el 70 % de niñas y niños pobres, con el incremento del 13 % de jubiladas y jubilados pobres, con despidos masivos en diferentes dependencias del Estado nacional vinculadas con el bienestar social y la soberanía nacional; pero, también, bajo la frivolidad, el destrato y la crueldad de este gobierno. Defender las condiciones salariales y de trabajo de docentes y no docentes en este angustiante contexto no es defender privilegios sino nuestros derechos: condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible.

“La ciencia es la universidad. La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de docentes investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico tecnológico argentino. El 60 % de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales y la disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso. La interrupción de convenios con editoriales internacionales ha limitado el acceso a publicaciones clave, mientras que la falta de nuevas convocatorias y proyectos ha provocado la paralización de varias líneas de investigación y la pérdida de profesionales con calificaciones, afectando la calidad educativa. Las universidades no solo aportan personal altamente especializado, sino que, también, colaboran en la resolución de problemáticas sociales y del sector productivo, promoviendo la innovación a través de patentes, líneas de investigación y formación de futuras y futuros investigadoras e investigadores.

“Lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario para toda la comunidad estudiantil hoy es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina. Una realidad cada vez más difícil en la que el acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta, particularmente, a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de las y los jóvenes y su acceso a la educación y con instituciones desfinanciadas, la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera. Cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles NO alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen.

“Soñamos un país en el que el futuro no esté condicionado por el lugar en el que a cada quien le tocó nacer. La educación es el derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten  nuestros sueños, nuestro futuro no les pertenece.

“Hijos e hijas orgullosos de la universidad argentina; custodios de la universidad pública, gratuita, de excelencia y sin restricciones que legaron generaciones de argentinas y argentinos, la comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación y el país que la sociedad toda anhela.

“El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas, cuidando al Estado y a su economía. Las y los estudiantes de toda la argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento universitario!

“Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque NO compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14 % del PBI para su implementación.

“Exigimos, también, que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y del sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.

“Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados -mínimos para funcionar- fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024 y, menos aún, la proyectada por el propio gobierno para el próximo año. Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y los principios que se desprenden de la propuesta difieren sustancialmente de lo que entendemos que el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.

“Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que, en la sociedad del conocimiento, el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos. Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian éstas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía.

“Por estas razones, en plazas y calles de todo el país, el pueblo de la Nación le reclama, Sr. Presidente, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. A nuestros representantes en el Congreso, muchos egresadas y egresados de la universidad pública, que, de confirmarse el veto anunciado por el gobierno, sostengan en el recinto la ley e introduzcan modificaciones al proyecto de presupuesto 2025 para otorgar a la universidad y la ciencia las condiciones que garanticen su funcionamiento.

“Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta.

“Somos la herencia del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la Ley 1.420, de las y los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos que se destacan y por quienes nos reconocen en el mundo entero. La universidad pública que hace posible que miles, no importa su condición ni donde hayan nacido, puedan cumplir el sueño de ser profesionales. La institución que, con su compromiso y relevancia social, dice presente cada vez que el país enfrenta circunstancias difíciles. Somos la ciencia puesta al servicio del desarrollo nacional.

“La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas con el conocimiento y con el trabajo con niñas, niños, jóvenes y personas adultas que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible.

“Sigamos defendiendo a la universidad pública argentina. Siempre”.

La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales se pronunciaron sobre la realidad del sistema universitario argentino, en el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada en la ciudad de Buenos Aires el 23 de abril:

«La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales.

«Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento: la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar (mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes). Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70 % de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo y aún no abonado, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70 % adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300 % en el mismo período de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaban la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que, por su envergadura, es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad.

«Cabe destacar que más del 90 % de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y nodocentes en las universidades.

«En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y los trabajadores ha perdido 50 % respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Ello lleva a retomar consignas de hace más de 20 años: ¡Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza!

«Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales -docentes y nodocentes- y el espacio paritario nacional con participación plena del Gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación, imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social, y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y nodocentes, la universidad pública es inviable. También, es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y los jubilados que atraviesan otro período de pérdida salarial, y que se restituya inmediatamente el Fondo Nacional de Incentivo Docente para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria. Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos.

La educación es un derecho humano fundamental porque se impone sobre el ingrato azar de la desigualdad. Defender esta concepción de la educación es de vital importancia y, más aún, en una universidad argentina en la que sus estudiantes se enfrentan al aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquiler y transporte, poniéndose en jaque el acceso, la permanencia y el egreso. Las y los estudiantes trabajan y cuidan sus familias. En ese contexto, las políticas de becas son fundamentales para democratizar. Sin embargo, su recorte es alarmante: tanto así que al retraso respecto de la inflación que sufren las Becas Progresar y Manuel Belgrano se le suman recortes en términos de montos, requisitos y período de inscripción. Estas decisiones del Gobierno nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Se necesitan presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías.

«No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad argentina; somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica, por la educación que queremos, por el país que anhelamos.

«Por otra parte, los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen su arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así como en institutos dependientes de las universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”.

«El desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en I+D+I. En este país se fabricó uno de los diez reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500.000.000 de dólares. Más de cien nuevas empresas en biotecnología han puesto al país, también, en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los diez países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites.

«Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. TODOS los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla».