El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) emitió una declaración en apoyo al «Derecho a la Educación Superior» y llamó a la sociedad en su conjunto a defender la educación como un derecho humano y un bien social, enfatizando la importancia de las universidades públicas, democráticas, no aranceladas y de acceso irrestricto como parte esencial e irrenunciable del sistema de educación argentino.
Esta declaración que destaca la importancia de la educación superior como un derecho humano esencial, un bien público y social invaluable, y un deber ineludible del Estado, fue impulsada por la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional de Luján (ATUNLu) y la «Lista 430» del sector Nodocente y aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria del H. Consejo Superior del pasado jueves 31 de agosto de 2023.
El documento surge en un contexto en el que se debate el rol de la educación pública y su sostenimiento por parte del Estado, generando inquietudes en diversos sectores de la sociedad argentina, y se basa en principios constitucionales fundamentales y en la rica historia de Argentina en la defensa de la educación superior pública, la ciencia y la tecnología, con raíces que van desde la Reforma de 1918 hasta la declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior en América y el Caribe de 2018.
A través de la misma, la UNLu como parte integral del sistema de educación pública y del sistema científico y tecnológico nacional, reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria, así como la defensa de la soberanía territorial, económica y cultural, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
DECLARACIÓN COMPLETA:
La Universidad Nacional de Luján, comprometida con el avance de la sociedad mediante la promoción de valores fundamentales y el fortalecimiento de los pilares del conocimiento, a través de sus actividades sustantivas: docencia, investigación y extensión, reafirma enérgicamente la importancia de la educación superior como un derecho humano esencial, un bien público y social invaluable, y un deber ineludible del Estado. En ese sentido, reconocemos y respaldamos los principios consagrados en la Declaración de la III Conferencia Regional de Educación Superior en América y el Caribe de 2018, que subraya la relevancia de la educación superior en la construcción de sociedades más equitativas, justas, democráticas y desarrolladas.
Partiendo de la premisa anterior, la educación superior representa un vehículo crucial para el desarrollo integral de los individuos, la sociedad en su conjunto y el país. Al ser considerada un derecho humano, cada individuo debe tener la oportunidad de acceder a una educación superior gratuita y de calidad sin importar su origen socioeconómico, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal. Este acceso equitativo no solo enriquece la vida de las personas, sino que también fortalece el tejido social al promover la diversidad de perspectivas y la participación activa en la construcción de la cultura, la economía y la democracia.
Asimismo, a través de la investigación, la innovación y la formación de profesionales altamente capacitados, las instituciones de educación superior nutren el progreso científico, tecnológico, artístico y cultural de una nación. La generación y difusión del conocimiento impulsan el desarrollo sostenible y permiten abordar los desafíos globales, desde el cambio climático hasta la salud pública y la justicia social.
Con plena convicción, afirmamos que es un deber ineludible del Estado garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. El Estado, en su papel de promotor del bienestar social, tiene la responsabilidad de establecer políticas y marcos normativos que aseguren la equidad en el acceso, la excelencia académica y la financiación adecuada de las instituciones de educación superior.
Por tanto esta comunidad universitaria convoca a la sociedad en su conjunto a defender la educación entendida como un derecho humano y un bien social y a las universidades públicas, democráticas, no aranceladas y de acceso irrestricto, como parte irrenunciable del sistema de educación argentino.
