Crecen las causas, se suman competencias por casos de violencia de género, se estanca el personal y se profundiza la sobrecarga en el sistema penal bonaerense.
Los juzgados de garantías de la provincia de Buenos Aires atraviesan una crisis estructural que viene profundizándose en los últimos años. Así lo demuestra un nuevo informe elaborado por el Centro de Información y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB), que presenta una radiografía detallada de estos órganos judiciales entre los años 2003 y 2024. A partir de estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el trabajo analiza la evolución de causas ingresadas, dotación de personal, capacidad resolutiva y distribución territorial de los recursos.
Además, en marzo de 2023 la Suprema Corte trasladó a los juzgados de garantías la competencia para dictar medidas de protección en casos de violencia familiar y de género que exigen urgencia en la resolución.Los resultados son contundentes: aumento sostenido de la carga de trabajo, escasa inversión en recursos humanos y un deterioro progresivo de las condiciones laborales y de acceso a la justicia.
Récord histórico de causas en 2024
Uno de los datos más alarmantes que arroja el informe es el volumen de causas iniciadas: en 2024 se registraron 184.495 causas nuevas, lo que representa un incremento del 25% respecto a 2023 y el máximo histórico desde que existen registros. Si se analiza un período más amplio, entre 2020 y 2024 las causas iniciadas crecieron un 119% a nivel provincial. Y en algunas jurisdicciones el crecimiento fue mucho más acelerado: Berazategui (+283%), Quilmes (+254%), Florencio Varela (+231%), Olavarría (+231%), Cañuelas (+215%) y Pilar (+205%) duplicaron o triplicaron el volumen de trabajo en apenas cinco años.
A nivel interanual, el partido de Avellaneda-Lanús lidera el aumento con un 85% más de causas iniciadas que en 2023, seguido por Olavarría (+62%), Moreno-General Rodríguez (+59%), San Martín (+54%) y Morón (+45%).
Más causas, pero sin aumento de personal suficiente
A pesar del crecimiento exponencial en la cantidad de causas, la incorporación de personal no acompaña ese ritmo. Si bien desde 2003 el personal aumentó un 188%, impulsado principalmente por la creación de nuevos juzgados, en muchos casos, los recursos humanos se mantuvieron iguales o incluso disminuyeron.
- Berazategui tuvo un aumento del 283% en sus causas mientras que el personal aumentó solamente un 53%.
- Pilar y Olavarría: más del 200% de aumento en causas entre 2020 y 2024, pero sin ningún refuerzo de personal desde 2019.
- Quilmes: +254% en causas, pero apenas un 4% más de personal.
- Florencio Varela: tuvo un aumento del 231% en sus causas y un 40% en el personal
- Cañuelas: +215% de causas con solo un 20% de incremento en su planta.
En total, 33 juzgados de garantías tienen hoy menos personal que en 2015, y en 22 juzgados la dotación es la misma que hace una década. Esto se traduce en una sobrecarga laboral constante que pone en jaque tanto la salud y los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero además implica un obstáculo concreto al derecho a acceder a la justicia.
Causas por juzgado y por agente: la presión cotidiana
Otro indicador preocupante que analiza el informe es el número de causas iniciadas por juzgado y por agente. En 2024, el promedio provincial fue de 1.827 causas por juzgado. No obstante, en sedes como Cañuelas (La Plata) y Ezeiza (Lomas de Zamora), ese número se dispara un 134% y 118% por encima del promedio, respectivamente.
Si se considera la carga individual, el promedio de causas por agente fue de 154 en 2024. Nuevamente, Cañuelas y Ezeiza encabezan el ranking, con más del doble del promedio provincial. Otras jurisdicciones con sobrecarga significativa son San Nicolás con un 60% de causas más que el promedio, Junín, Moreno-General Rodríguez y Avellaneda-Lanús por encima del 30%
Estos datos revelan una realidad conocida por quienes transitan el fuero penal: los niveles de exigencia diaria resultan insostenibles.
Baja capacidad de resolución y acumulación de causas
La consecuencia directa de esta sobrecarga es una disminución constante en la capacidad de resolución. En 2024, sólo se resolvió el 37% de las causas iniciadas, muy lejos del 71% registrado en 2018, año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica. Es decir, por cada 10 causas que ingresan, apenas se resuelven 3 o 4, y el resto se acumula, incrementando el número de causas pendientes de años anteriores.
Departamentos como Ezeiza (Lomas) (23%), San Nicolás (29%), Florencio Varela (Quilmes) (26%), Pilar (San Isidro) (30%) y Avellaneda-Lanús (23%) se ubican por debajo del ya bajo promedio provincial. El informe advierte que esta tendencia puede tener efectos regresivos sobre el acceso a la justicia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Juzgados sin habilitar y promesas incumplidas
Pese a la evidencia de colapso, todavía existen nueve juzgados de garantías creados por ley que no fueron habilitados. Se trata de unidades clave para aliviar el funcionamiento en zonas con alto nivel de litigiosidad, como Avellaneda-Lanús (2), Mercedes, Merlo, Marcos Paz, Tigre, San Fernando y Malvinas Argentinas (2).
Su no implementación constituye un incumplimiento que afecta directamente la capacidad del Poder Judicial para responder a las necesidades de la población y al bienestar de sus trabajadores.
Un llamado urgente a la acción
Los datos reunidos en este informe del CIyF-AJB no dejan lugar a dudas: los juzgados de garantías están al borde del colapso estructural. Frente a este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense ha reiterado la necesidad de:
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Refuerzo inmediato de las plantas de personal.
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Habilitación urgente de los juzgados creados por ley.
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Rediseño de políticas de gestión judicial que prioricen la salud laboral.
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Inversión pública genuina en infraestructura, tecnología y condiciones laborales.
No se trata solamente de números: se trata de personas. De miles de trabajadoras y trabajadores judiciales que sostienen, día a día, un sistema cada vez más exigido, sin los recursos necesarios. Se trata también del acceso a la justicia de la población, que se ve cada vez más postergado por un engranaje saturado e ineficiente.
La sobrecarga en los juzgados de garantías no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha agudizado de forma alarmante. El crecimiento de causas, el estancamiento del personal, la pérdida de capacidad resolutiva y la desatención por parte de los poderes del Estado configuran una situación límite. Y como toda crisis debe ser puesta en evidencia, discutida y transformada con la participación activa de quienes la padecen.
