A siete años del incendio y derrame de agrotóxicos en la planta de la empresa Sigma Agro en el paraje La Verde, la causa penal contra los directivos de la firma ingresó en una fase crítica.
Tras la resolución dictada por la Justicia de Garantías de Mercedes que determinó la elevación de la causa a juicio oral y público, los imputados agotaron distintas instancias recursivas —incluyendo la Cámara de Casación Penal, que rechazó sus planteos—, por lo que la comunidad afectada y las organizaciones intervinientes exigen que el tribunal fije con urgencia el inicio de las audiencias.
Desde el entorno de los vecinos damnificados señalaron que, si bien el tribunal de Garantías consideró la causa lista para el debate oral antes del último receso judicial, la representación técnica de la empresa emprendió una serie de recursos legales destinados a dilatar los tiempos procesales.
Pese al rechazo sistemático de estas presentaciones en las instancias superiores, se prevé la posibilidad de que la defensa intente recurrir mediante un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia provincial.
La causa tiene como imputados a los directivos Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller, acusados por el juez Patricio Arrieta de infringir manifiestamente los deberes legales bajo los términos de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Nº 24.051).
La investigación penal determinó que la empresa operaba de manera clandestina en el paraje La Verde, sin la habilitación ambiental correspondiente ni los controles exigidos por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y el municipio. Asimismo, se le atribuye la falta de una remediación integral y efectiva en la zona impactada.
El siniestro, ocurrido en la madrugada del 27 de septiembre de 2019, provocó la muerte del trabajador Rubén Ponce, de 42 años, y el derrame de más de un millón de litros de sustancias químicas —entre ellas glifosato, paraquat y atrazina—. La contaminación afectó de forma directa los suelos y cursos de agua superficiales y subterráneos, alcanzando lagunas de la zona y el arroyo Balta, afluente del Río Luján.
A siete años del desastre, los pobladores de La Verde sostienen el reclamo por justicia plena en el fuero penal y la pronta resolución de las acciones de recomposición en el ámbito civil.
