La ciudad de Chivilcoy se convirtió el jueves en el epicentro del debate político y judicial de la región al albergar el primer encuentro de la Cuarta Sección Electoral destinado a la modernización y reforma de la Ley Provincial de Seguridad N° 12.154.
La jornada de trabajo técnico e institucional reunió a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires junto a once intendentes y secretarios del área de diversas localidades, con el propósito de consensuar los lineamientos para actualizar una normativa que data de hace casi tres décadas.
El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la Provincia, Andrés Escudero, junto al intendente anfitrión, Guillermo Britos, quien ofreció la bienvenida institucional.
Durante la apertura, se destacó la decisión del gobernador bonaerense de enviar un proyecto de reforma integral a la Legislatura que asimile e integre la mirada territorial de los municipios dentro del diseño del sistema provincial.
Durante las deliberaciones, los jefes comunales expusieron las realidades estructurales que enfrentan en materia de prevención del delito. En ese marco, plantearon una solicitud unificada de alta sensibilidad operativa: exigieron formalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad que los efectivos policiales oriundos del interior provincial que actualmente prestan servicio en distintos distritos del Conurbano bonaerense sean «repatriados» a sus municipios de origen.
Asimismo, los mandatarios recalcaron la urgencia de establecer diferencias explícitas en el texto de la nueva ley entre las problemáticas delictivas que atraviesan los distritos del interior y las realidades de la zona metropolitana. Ante este escenario, las autoridades ministeriales asumieron el compromiso formal de dar cumplimiento a las solicitudes de reasignación de personal.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, respaldó con firmeza el proceso de descentralización y la profundización de la autonomía municipal en la gestión de la seguridad, aunque advirtió de manera tajante que cualquier transferencia de responsabilidades por parte del Ejecutivo provincial debe verse reflejada en la asignación de su correspondiente presupuesto.
«Nos guste o no, el responsable de la seguridad para nuestros vecinos somos nosotros. Si los intendentes no nos hacemos cargo del control de la inseguridad, estamos fritos. Cuando ocurre un delito, los vecinos no van a reclamarle al gobernador ni al ministro; van a la casa del intedente», enfatizó Britos, quien además recordó su histórica postura de avanzar hacia un esquema donde los líderes comunales puedan conducir de forma directa la policía de seguridad de sus distritos.
El jefe comunal anfitrión argumentó su posición exponiendo el modelo de Chivilcoy, cuya Secretaría de Seguridad cuenta con un equipo técnico especializado que —según indicó— permitió registrar una tasa cero de homicidios en ocasión de robo durante sus diez años y medio de gestión. Destacó también el funcionamiento de la Oficina de Cibercrimen local, única en su tipo en el territorio provincial, la cual opera actualmente en allanamientos extrajurisdiccionales a disposición del Ministerio.
Por su parte, el subsecretario provincial Andrés Escudero argumentó la necesidad de la reforma al señalar que la Ley 12.154 presenta severas limitaciones para dar respuesta a las demandas locales del siglo XXI. Explicó que el marco legal vigente fue redactado con anterioridad al desarrollo tecnológico y logístico que los municipios financiaron e implementaron de manera independiente en los últimos años.
Vacíos regulatorios: Elementos clave como los centros de monitoreo inteligente, los botones de pánico y los sistemas de alerta vecinal carecen de un marco regulatorio específico que los integre formalmente al sistema provincial.
Programas locales: Las iniciativas locales de seguridad rural y los dispositivos de asistencia integral a las víctimas del delito funcionan en la actualidad por fuera de la estructura jurídica madre.
Articulación de mandos: La provincia busca consolidar una política que reconozca a los intendentes como conductores políticos de sus comunidades, coordinando de forma articulada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada evidenció un fuerte consenso institucional, logrando reunir en una misma mesa de trabajo a jefes comunales pertenecientes a fuerzas políticas del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), partidos vecinalistas y diferentes corrientes del peronismo.
La nómina completa de los mandatarios locales que participaron activamente del cónclave y firmaron las actas de trabajo estuvo integrada por: Guillermo Britos (Chivilcoy), Sergio Barenghi (Bragado), Darío Golía (Chacabuco), María José Gentile (9 de Julio), Erica Revilla (General Arenales), Gilberto Alegre (General Villegas), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), y Jorge Gaute (Alberti)
El plenario de comisiones de la Cuarta Sección contó además con las disertaciones de la subsecretaria de Participación Comunitaria, Sol Margos, y del subsecretario de Formación, Ignacio Pacho, quienes coordinarán las mesas técnicas regionales para sistematizar los aportes locales antes de la elevación definitiva del proyecto de ley a las cámaras legislativas.
