El bloque de concejales de Fuerza Patria de la vecina ciudad de Suipacha manifestó su firme repudio al nuevo plan del Gobierno Nacional que oficializa la privatización de la Ruta Nacional Nº 5.
A través de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, el Ejecutivo central adjudicó el denominado «Tramo Pampa» a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA por un período de dos décadas, un esquema que incluirá fuertes incrementos tarifarios y la instalación de nuevas cabinas de cobro que afectarán directamente a los usuarios de la región.
La mayor preocupación para la comunidad local radica en la reactivación y colocación de una nueva estación de peaje en la localidad de Gorostiaga (kilómetro 117). Según explicaron los ediles, esta medida «pega de lleno en los vecinos y vecinas, ya que los viajes a Chivilcoy son cotidianos», a lo que se suma la continuidad de la cabina de Olivera, que ya viene registrando severos aumentos.
De acuerdo al pliego aprobado por la cartera económica, el nuevo cuadro tarifario establece que el pase para vehículos livianos pasará a costar 2.850 pesos (IVA incluido). Esta cifra representa casi el doble de la tarifa mínima actual, la cual se ubicaba en los 1.500 pesos, incrementando significativamente la presión fiscal sobre el transporte vecinal y comercial de la zona de influencia de Chivilcoy y Suipacha.
La reestructuración del corredor vial no solo contempla mantener operativas las tres estaciones de cobro ya existentes en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, sino que además sumará dos nuevos puntos de recaudación: el mencionado peaje de Gorostiaga y otro en la localidad de Lonquimay (kilómetro 544).
El pronunciamiento del bloque integrado por los concejales Walter Gallo, Daiana Hainze, Santiago Alcalde, Julián Rosales Delfino y Norma Romero es el resultado de varias semanas de seguimiento de la problemática vial. Los legisladores locales venían manteniendo el estado de alerta ante la paralización de las obras de la futura autopista, habiendo presentado pedidos de informes a Vialidad Nacional y coordinado reuniones con dirigentes de la UOCRA para evaluar el impacto laboral y estructural de la detención de los trabajos públicos en la región.
