Maquiavelo, un muerto que sigue incomodando ( Por Javier Etchart )

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando…” Como la cigarra, María Elena Walsh

El día 21 de Enero el presidente de la Nación se dirigió a su audiencia en Davos abriendo su –engorrosa e inarticulada- exposición afirmando lo siguiente: “Buenas tardes a todos: Estoy aquí, frente a ustedes, para decirles -de modo categórico- que Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de Occidente”.

El texto leído por el presidente asumió un tono pretendidamente académico, con abundantes referencias autorales y con una fuerte carga normativa -justicia, libertad-. Este breve ensayo se inscribe en aquel registro academicista y propone una reflexión crítica sobre una de sus afirmaciones más provocativas: ¿por qué matar a uno de los pensadores más extraordinarios e influyentes de la modernidad política?

En el terreno de las ideas, declarar a alguien muerto equivale a desactivarlo. Un pensador vivo interpela, incomoda, obliga a tomar posición; un pensador muerto, en cambio, puede ser reducido a una consigna o a un estereotipo. Matar a alguien sería un gesto de clausura, una forma de anunciar que ciertas preguntas ya no merecen ser formuladas. Es una operación frecuente en la política contemporánea: antes que discutir un pensamiento, se lo simplifica, se lo caricaturiza y, finalmente, se lo entierra.

Pero, simultáneamente que se mata a algo o a alguien, ese espacio no queda vacío, sino que viene a ser es ocupado por otro. En este caso la política nunca es inocente.

Cuando el presidente formuló aquella afirmación, apeló a una frase de impacto asociada a uno de los más antiguos clichés en torno al pensador florentino: aquel según el cual estaríamos ante un autor sin escrúpulos, dedicado a ofrecer consejos cínicos a los gobernantes, para quienes el ejercicio del poder justificaría no escatimar ningún recurso en aras de la consecución de sus objetivos. De esta forma, el presidente se hizo eco de una leyenda negra del autor, aquella que se vincula con la idea según la cual “el fin justifica los medios”, que, por otro lado, nunca fue pronunciada.

Como Sísifo: explicando a Maquiavelo…otra vez

Para quienes estamos vinculados con la enseñanza de las Ciencias Sociales y Humanas, la gran tarea pedagógica en torno a ciertos autores consiste, muchas veces, en volver a explicar una y otra vez lo mismo. Es una tarea incansable, similar al castigo de Sísifo: empujar una piedra que inevitablemente vuelve a caer. En el caso de Maquiavelo, esa repetición no responde a la oscuridad de su pensamiento, sino a la persistencia de lecturas que buscan clausurarlo reduciéndolo a un estereotipo cómodo.

Recibida la provocación, volvemos a esa tarea tantos años emprendidas.

A más de cinco siglos de su redacción, El Príncipe (1513) sigue siendo una obra imprescindible para pensar la política. No porque ofrezca recetas aplicables sin mediaciones, sino porque permite comprender transformaciones profundas que siguen siendo útiles para pensar el ejercicio del poder real, fuera de utopías improductivas.

A continuación, se proponen tres razones por las cuales el pensamiento de Nicolás Maquiavelo no debería ser sepultado ni clausurado, tal como lo declaró el presidente.

1-Fue uno de los primeros en advertir y analizar el pasaje del mundo clásico y medieval hacia la modernidad política. Con ello quedaba atrás una concepción del poder asentada en un orden rígido, jerárquico y socialmente estamental, donde el lugar de nacimiento determinaba el destino de cada individuo. En ese mundo, el poder se legitimaba en Dios, fuente última de la soberanía, y los hombres ocupaban un lugar subordinado dentro de un orden considerado eterno e inmutable.

Lo que observa el pensador florentino es el surgimiento de un orden diferente. El poder deja de concebirse como una derivación directa del cielo y pasa a entenderse como una construcción terrenal. La obediencia ya no es automática ni garantizada por la voluntad divina, sino el resultado de relaciones humanas concretas, atravesadas por el conflicto, el consentimiento y la fuerza.

Dejar atrás a Maquiavelo implicaría renunciar a una de las claves más lúcidas para comprender que el poder no desciende del cielo, sino que su legitimidad se debe construir en un mundo de hombres reales, atravesado por tensiones, intereses y conflictos. Desconocer eso es fracasar en la política.

2-En continuidad con lo anterior, son habituales las referencias a la violencia presente en su obra, las que incluyen engaños, muertes, conspiraciones, y otras formas de ejercicio del poder que pueden resultar escandalosas para lectores poco atentos, cuando no para aquellos que solo reciben comentarios de asesores. Estas escenas están en la base de aquellas lecturas que afirman que Maquiavelo justificaría cualquier acción con tal de alcanzar un objetivo.

Para refutar esta interpretación bastaría con leer su obra. Entre los numerosos episodios que narra, se encuentra el célebre capítulo VIII de El Príncipe (“De los que llegaron al principado mediante crímenes”), donde relata el caso del siciliano Agátocles, rey de Siracusa. A través de su arrojo, su falta de escrúpulos y su vigor, Agátocles logra ascender al poder hasta convertirse en gobernante. Es decir, alcanza su objetivo por medio de la violencia.

Sin embargo, lejos de celebrar ese recorrido, Maquiavelo introduce una crítica explícita. En el texto afirma lo siguiente: “Verdad que no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, traicionar a los amigos y carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede obtener poder, pero no gloria”.

Lo que Maquiavelo explicita en este punto es una distinción fundamental: no todo poder es equivalente. Existe un poder que otorga gloria, virtud y permanencia, y es ese el que un buen gobernante debería aspirar a construir. El otro, basado exclusivamente en la violencia, produce apenas una fama efímera.

Para un autor al que se acusa de indiferencia moral, no es una distinción menor.

Dicho esto, reducir a Maquiavelo a esas escenas es perder de vista el sentido mismo de su obra. La presencia de la violencia no cumple en su obra una función justificatoria, sino analítica: describe las condiciones reales en las que se ejerce el poder.

Lejos de promover el cinismo político, su pensamiento obliga a mirar de frente aquello que toda política tiende a ocultar.

Prescindir de Maquiavelo implicaría correr el riesgo de refugiarse en un idealismo cómodo, incapaz de dar cuenta de cómo opera efectivamente el poder. Clausurarlo no vuelve a la política más moral, sino más ciega, con menor capacidad para reconocer sus tensiones y, por lo tanto, menos preparada para enfrentarlas. La política no se ejerce en un terreno de normalidad permanente, sino en los bordes de la excepcionalidad. Gobernar supone, en determinados momentos, actuar sin candidez, tomar decisiones difíciles y riesgosas para preservar la estabilidad de la república y la seguridad de la ciudadanía. Evitar esas decisiones en nombre de una moral abstracta no siempre protege a la sociedad; en ocasiones, la expone a males mayores. Porque no se trata simplemente de elegir entre el bien y el mal, sino entre sistemas de valores igualmente legítimos pero mutuamente excluyentes, y esto constituye el núcleo de una experiencia trágica de lo político. Comprender esta dimensión [trágica] de la política es uno de los aportes centrales de Maquiavelo y una de las razones por las cuales su pensamiento sigue siendo indispensable.

3- Por último, cabe un breve deslizamiento hacia la otra gran obra de Maquiavelo: Los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, menos citada por los divulgadores parciales del florentino, pero largamente trabajada por quienes quieren conocerlo en toda su complejidad.

Allí no encontramos al consejero de príncipes, sino al pensador de la república entendida en su faz agonal. Precisamente, la república leída por el florentino, incorpora positivamente el elemento de la disidencia y el conflicto, la instancia de lo político como base instituyente de la sociedad.

De forma desafiante nos propone al conflicto entre sectores sociales como el elemento que permitirá una vida libre y común. Esta idea de libertad republicana –llamada libertad como no-dominación- contrasta con la noción liberal clásica, la que domina la escena, la que sostiene a la libertad principalmente como ausencia de interferencias. Por eso para el liberalismo el Estado es un mal a evitar, porque le pone límites a nuestros apetitos por maximizar los beneficios y eso es coartar nuestras elecciones.

En cambio, para el republicanismo que defiende Maquiavelo, la libertad solo es posible cuando nadie depende arbitrariamente de la voluntad de otro, cuando ningún poder –local o extranjero- puede impedir que sean los hombres reunidos quienes deciden libremente el destino de su propia comunidad.

Para un republicano como Maquiavelo, la dominación es el mal a evitar. Una sociedad es libre no cuando cada cual hace lo que quiere, sino cuando ninguno está obligado a acomodar su conducta al capricho de otro. Por eso, lejos de ser un obstáculo, la ley se convierte en la condición misma de la libertad, la garantiza y la posibilita.

No estaría de más que los asesores del presidente -e incluso a la feligresía mileísta que se apoya con entusiasmo en los símbolos de la Roma republicana-, que se acerquen a esta obra. Encontrarán allí una concepción de la libertad menos ingenua, más exigente, mas fraternal y mejor preparada para pensar un mundo atravesado por profundas desigualdades sociales, donde la ausencia de límites no garantiza autonomía, sino que crea nuevas formas de subordinación.

En definitiva, Maquiavelo no es un pensador del orden ni de la previsibilidad, sino de la apertura. Su pensamiento reconoce que el conflicto es inherente a lo político y que no existe una racionalidad superior o una dirección histórica que garantice un cierre de esas tensiones. No hay armonía futura ni síntesis superadora, la política, en su núcleo más profundo, está hecha de luchas sin resolución final, de decisiones que deben tomarse aun sabiendo que nada asegura su eficacia.

Por suerte somos muchos los que insistimos en mantener viva la lectura de Maquiavelo, no para buscar fórmulas ocultas sobre cómo gobernar, o para conocer los secretos de la política, sino para que el poder, una y otra vez, continúe siendo inquietado por su presencia fantasmal que resiste ser eliminada.

Democracia y exclusión: revisitando el cordón sanitario como estrategia política ( por Javier Etchart )

Durante los últimos años, y ante el temor generado por el avance autoritario de las nuevas derechas en el mundo, muchos sectores políticos han buscado un acuerdo para impedir que aquellas fuerzas reaccionarias lleguen a posiciones de poder. La literatura académica ha identificado a esta maniobra con el nombre de “cordón sanitario”, término proveniente del área de salud y al cual podemos definir: “como una estrategia basada en el acuerdo entre dos o más actores del sistema político, en cualquier arena o nivel, cuya finalidad es excluir a un partido u actor determinado de la posibilidad de cooperar con el resto de los actores del sistema político”. (Dominguez Sardou, 2023).

De acuerdo con esto, los partidos democráticos acuerdan, explícita o implícitamente, excluir a otros partidos considerados extremistas o antidemocráticos de cualquier posibilidad de formar parte del gobierno o de ejercer poder institucional significativo.

Si bien estas situaciones tienen su epicentro en los regímenes parlamentaristas europeos, también comienzan a ser pensadas en nuestra región en donde varias de estas experiencias de derechas tienen fuertes manifestaciones electorales. En efecto, en un reciente reportaje (Gelatina, 31-03-25) el dirigente Emilio Monzó habló directamente de establecer un “cordón sanitario”, un amplio acuerdo político capaz de oponerse a las pretensiones de aquellos que van en contra de la república. En un sentido similar, aunque sin formular dicha expresión, una reciente foto del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, junto a un importante dirigente del radicalismo como Federico Storani, provocan señales sobre un rumbo similar.

La implementación de este tipo de estrategia genera algunos interrogantes políticos-filosóficos generales que no pueden pasarse por alto al momento de avanzar en este camino. En este sentido podemos preguntarnos:

– ¿Se puede hablar de una democracia plena si se limita la participación de ciertos grupos políticos, por más extremos que sean?

– ¿Hasta qué punto un cordón sanitario protege la democracia y cuándo se comienza a vulnerar el principio de pluralismo político?

– ¿Se puede mantener un cordón sanitario cuando el partido excluido logra un respaldo electoral significativo o se convierte en una fuerza mayoritaria en algunas regiones?

Asimismo, también será necesario realizar algún comentario sobre las ventajas o desventajas de llevar adelante este tipo cordones sanitarios.

Algunos antecedentes históricos

Tal lo mencionado el término de cerco o cordón sanitario tiene su origen en el campo de la salud pública, especialmente en el contexto de epidemias y enfermedades infecciosas altamente contagiosas. Su función era aislar geográficamente una zona infectada para evitar la propagación del agente patógeno al resto de la población. Durante la Edad Media, y a raíz de la aparición de la Peste Negra (S. XIV) se aplicaron medidas elementales de aislamiento de ciudades enteras y de puertos. Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, se convierte en una estrategia organizada por los Estados europeos para enfrentar epidemias como el cólera o la fiebre amarilla.

Posteriormente, el término se trasladó metafóricamente al campo de la política, con la idea de aislar un “foco de peligro” para evitar que se extienda al conjunto del sistema. Solo que, en este caso, en lugar de un virus o una bacteria, lo que se pretende contener es una ideología o movimiento percibido como una amenaza “infecciosa” para el orden democrático.

El caso contemporáneo que se utiliza para ilustrar este tipo de estrategia, es el de Francia durante los años 1980, en donde diferentes partidos de centro, de la izquierda y de la derecha democrática acordaron su rechazo a formar alianzas y compartir listas con el Frente Nacional (FN) de Jean-Marie Le Pen, considerado como de extrema derecha. La idea subyacente era establecer una política de exclusión que impidiera la ‘normalización’ de ese partido como un actor político legítimo, en tanto cuestionaba los principios fundamentales de la República: la igualdad, la laicidad, el pluralismo y los derechos humanos.

Existen casos más recientes que abarcan las experiencias en otros países europeos. Tal como Bélgica, en donde desde 1990 los partidos mayoritarios firmaron un acuerdo explícito para no colaborar con el Vlaams Blok (actual Vlaams Belang), partido nacionalista flamenco de extrema derecha. En Alemania: el rechazo político al partido AfD (Alternative für Deutschland), especialmente en el Bundestag, ha sido defendido como una forma de cordón sanitario, aunque sin una formalización claramente establecida. Más difícil encuadrar el caso de España y el intento de cordón sanitario hacia Vox, ya que estas estrategias han variado según la región y la coyuntura.

Un balance provisorio acerca de la efectividad de los cordones sanitarios

Uno de los principales argumentos a favor del cordón sanitario es su función preventiva. Al excluir de coaliciones, cargos institucionales o espacios parlamentarios a partidos que se perciben como una amenaza para el orden democrático, los actores políticos trazan límites normativos y éticos explícitos. De este modo, se intenta proteger la legitimidad de las instituciones frente a discursos autoritarios, racistas o xenófobos, y se resguarda el marco de valores que sostiene la convivencia democrática.

Otra de las ventajas radica en su capacidad de generar consensos horizontales entre partidos políticos que no necesariamente piensan igual. Cuando fuerzas políticas tradicionalmente enfrentadas deciden actuar en conjunto para impedir el ascenso de un partido al que consideran una amenaza, se fortalece el compromiso democrático compartido.

Sin embargo, esta estrategia también presenta riesgos que deben ser tenidos en cuenta.

En primer lugar, puede generar un “efecto boomerang” ya que el sector excluido puede convertirse en una víctima de la “casta política”. Efectivamente, en algunos casos los partidos segregados suelen utilizar su marginación como argumento para reforzar una identidad antisistema, alimentando el resentimiento de sectores sociales que ya se sienten desatendidos o desilusionados por las élites políticas. En lugar de debilitarse, estos partidos pueden fortalecerse electoralmente al presentarse como las únicas voces que atacan al sistema.

Por otra parte, el cordón sanitario plantea una tensión con el principio del pluralismo. Si la democracia es un régimen que permite la competencia libre entre proyectos políticos, ¿hasta qué punto es legítimo excluir a una fuerza que actúa dentro de la legalidad y cuenta con respaldo ciudadano? La línea entre proteger la democracia y limitar su expresión puede volverse difusa, especialmente cuando las categorías de “extremismo” son usadas de manera ambigua o interesada. Como en el caso anterior, esto puede volverse en contra del propio sistema extremándose aún más las posiciones políticas. Sin participación en los debates parlamentarios, o en los gobiernos locales, no tienen necesidad de construir consensos ni asumir responsabilidades. Esto puede consolidar posturas ideológicas más duras y fomentar una cultura política de confrontación permanente.

Otro problema práctico es su sostenibilidad política. En sistemas multipartidarios, mantener un cordón sanitario puede dificultar la formación de mayorías estables, lo que lleva a tensiones o a la tentación de romperlo por razones de gobernabilidad. En muchos casos, lo que comienza como una defensa de principios termina cediendo ante la lógica electoral o la necesidad de acuerdos coyunturales.

Un aspecto adicional destacado por la literatura politológica es el desgaste simbólico y real que puede sufrir la democracia representativa. Cuando el cordón sanitario se aplica de manera sistemática o indiscriminada, corre el riesgo de erosionar la confianza ciudadana en el sistema político, al transmitir la imagen de un funcionamiento bloqueado y poco receptivo a la voluntad popular. Para muchos votantes, esta exclusión puede percibirse como una forma de manipulación elitista, lo que termina alimentando el malestar social, la desconfianza política y profundizando la polarización.

Ultimas consideraciones con interrogantes abiertos

Un régimen político de democracia republicana cuenta con dos grandes formas de control político para evitar los desbordes autoritarios. Por un lado, están los controles establecidos constitucionalmente, como la división de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, y el respeto al estado de derecho que fijan los límites formales del ejercicio del poder. Por otro lado, existe el mecanismo del control electoral que hace a la naturaleza misma de una democracia representativa. La estrategia del cordón sanitario se inscribe dentro de este segundo eje ya que busca proteger el orden democrático excluyendo del acceso al poder a aquellas fuerzas que, si bien participan del proceso electoral, se perciben como una amenaza directa a los valores democráticos y republicanos.

Ciertamente, la aplicación inmediata de una maniobra de esta naturaleza puede resultar tentadora cuando la amenaza a la democracia es real. Incluso, en el corto plazo, puede ser eficaz. Sin embargo, su utilización como estrategia política no está exenta de tensiones ni de riesgos. Si se transforma en una práctica sistemática o permanente, puede provocar efectos contraproducentes: deslegitimar el sistema ante sectores del electorado, fortalecer la victimización de los partidos excluidos, profundizar la polarización y generar una imagen de clausura del debate democrático. Por estas razones, se han señalado algunos puntos que deben ser tomados en cuenta por los actores sociales que intentan llevar adelante este tipo de acciones. La implementación de estas vallas sanitarias exige criterios políticos claros, legitimidad transversal y coherencia democrática. No puede transformarse en una herramienta arbitraria ni en una respuesta automática ante el surgimiento de fuerzas disruptivas ni en un simple reflejo reactivo de exclusión. Por el contrario, su aplicación debe ir acompañada de un esfuerzo más amplio y profundo, uno que promueva una reflexión crítica sobre las condiciones sociales, culturales y económicas que habilitan el crecimiento de estas nuevas derechas.

No es suficiente bloquear institucionalmente a ciertos actores. Es necesario interrogar el malestar social que expresan, por más que su traducción política sea cuestionable o incluso peligrosa. Las fuerzas democráticas, en especial aquellas de perfil progresista o reformista, deben preguntarse con honestidad: ¿qué no se vio a tiempo? ¿qué se hizo mal o se dejó de hacer para que sectores amplios de la población canalicen su descontento hacia opciones reaccionarias, autoritarias o excluyentes?

En definitiva, defender la democracia no implica solo excluir a quienes la amenazan, sino también renovar la capacidad de ofrecer horizontes compartidos y de una república que profundice sobre los aspectos de la justicia social. Quizás de esta manera se podrá evitar que los cordones sanitarios terminen siendo un síntoma de cierre del sistema, y no una apertura hacia su fortalecimiento.

 

La debilidad institucional Argentina en la base del caso de Alberto Fernández

Como afirmaba Marx, los grandes acontecimientos y personajes de la historia mundial se presentan dos veces, la primera vez como tragedia, la segunda vez como farsa. El reciente episodio del expresidente Alberto Fernández puede ser pensado a través de esa clave. Las primeras informaciones conocidas podrían asociarse con lo dramático, para luego adquirir ribetes de comicidad, aunque en esa representación teatral nos encontramos todos los argentinos.

Gran parte de los análisis periodísticos han analizado el caso poniendo el foco de atención en las características personales del expresidente, en sus carencias como líder político, en su incapacidad como gobernante y en su cinismo personal. Ciertamente, todas ellas son atendibles, en especial en formatos políticos presidencialistas en donde el gobierno queda asociado con la figura de aquel que conduce los destinos de un país.

Sin embargo, el problema de esta perspectiva radica en que limita el problema a sola característica, aquella vinculada con la acción de un agente político, y eso invisibiliza otro aspecto clave para entender este tipo situaciones. Concretamente, y a manera de hipótesis, la débil cultura institucional de nuestro país es la que favorece y alienta la emergencia de este tipo de comportamientos políticos.

Confusión entre gobierno y Estado

En el cuento “Nuestro pobre individualismo” (Otras Inquisiciones, 1952) Borges daba cuenta de una raíz cultural de nuestro país al afirmar que “[E]l argentino sólo concibe una relación personal. Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen…”.

En la misma dirección, unos de los máximos politólogos nacionales como Guillermo O´Donnell, en un artículo de 1998 (Accountability horizontal) analizaba parte las tradiciones políticas argentinas; allí, con gran preocupación, observaba que en nuestra región existe una confusión entre los aspectos públicos y los privados. En efecto, en el ejercicio del poder nuestros gobernantes no logran separar dos aspectos claves en toda república bien constituida. Por un lado, los asuntos del Estado, entendido como aquella estructura impersonal y permanente del poder cuya finalidad es atender el bien de todos; y, por otro lado, el gobierno, como conjunto de personas que llevaban adelante una misión pública delegada por la población durante un tiempo determinado.

Esta confusión conceptual es la que facilita que un gobernante sienta que una vez electo pueda hacer lo que quiera; de esta manera, las instituciones del Estado se convierten en un mero apéndice de los deseos de los decisores políticos y no en una estructura que debe estar al servicio de toda la población.

Esta base cultural es la razón por la cual las instituciones públicas sean vistas por los gobernantes como espacios que pueden ser ocupados por militantes políticos, familiares, amigos y cualquier otro tipo de diletantes políticos.

En el caso de Alberto Fernández ese procedimiento se llevó a un extremo de la indecencia en el cumplimiento de un servicio hacia la comunidad, ya que varias de las personas nombradas para ocupar funciones públicas solo debían cumplir con el requisito de mostrar una cercanía –afectiva y amorosa- con el mandatario.

De esta manera, el particularismo, la cercanía y la arbitrariedad se transforman en los requisitos excluyentes para la ocupación de los cargos. La meritocracia y la ética en el servicio de la función pública son ajenas en esta concepción.

 La designación digitada del expresidente

El segundo elemento que debería incorporarse para comprender lo sucedido, se vincula con la baja institucionalidad presente en el origen de la designación del propio Fernández. Efectivamente, su nombramiento como candidato a presidente fue el resultado de una nominación personalísima, directa, no mediada por internas, ni por consultas entre miembros políticos de una fuerza nacional contenidas dentro de estructuras institucionales, las que serían necesarias para sustentar una postulación, más allá de la decisión de un líder. Este comportamiento ya había sido practicado -y fracasado- en ocasión de designar a Amado Boudou como vicepresidente, lo cual, lejos de hablar de una decisión espontánea y circunstancial, se convierte en un método político habitual para la toma de decisiones con repercusiones públicas.

El inconveniente en este tipo de procedimiento, de baja institucionalidad, radica en que el designado siente que su fidelidad es hacia su elector directo y no hacia un cuerpo institucional mayor. En el mejor de los casos –Boudou- se siente responsable solo a una persona, en el peor –Alberto- a su propia incapacidad.

Ciertamente, no hay garantías absolutas que un procedimiento mediado por un marco burocrático-institucional genere siempre resultados positivos, el factor humano, y las capacidades de los agentes sociales siempre estará abierta a que las cosas tomen diferentes rumbos, pero, como lo reconocía el propio Max Weber, las instituciones brindan estabilidad, previsibilidad y angostan los excesos de aquellos que quieren usar los cargos públicos de acuerdo a su caprichosa voluntad.

Fuente: Nuevos Papeles