Con motivo de la presentación del Código Procesal Civil y Comercial Comentado visitó los estudios de Santa María FM 88.1 el miembro de la Suprema Corte Dr. Sergio Torres

El miércoles pasado a las 18hs. en la sala A del Teatro Dr. Julio César Gioscio se presentó en sociedad el nuevo Código Procesal Civil y Comercial Comentado con el auspicio del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y del Departamento Judicial Mercedes.-

Dicha presentación estuvo a cargo de los Dres. Sergio Torres en su calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia y Director de la obra y Marcelo Valle como Juez en lo Civil y Comercial y Coordinador de la misma.-

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los Dres. Matias Rapazzo, Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y Gisela Selva, Presidente de dicho colegio en el Departamento Judicial Mercedes.-

La obra que se presenta se destaca por ser un código comentado, lo que implica que no solo expone el articulado vigente, sino que ofrece una exégesis detallada, doctrina y jurisprudencia aplicada. Este tipo de textos son herramientas fundamentales para abogados, jueces y auxiliares de justicia, ya que facilitan la interpretación de las normas procesales que rigen los litigios civiles y comerciales en territorio bonaerense.

La jornada fue diseñada con un formato de acceso abierto para fomentar la actualización profesional constante de la comunidad jurídica local.-

Con motivo de la presencia en Mercedes del Dr. Claudio Fede, Juez de Cámara en lo Civil y Comecial, quién conduce todos los miércoles su programa «Justicia y Sociedad» por AM 1030 Radio Del Plata, el mismo se transmitió en directo vía streaming por audio y video desde los estudios de radio Santa María FM 88.1 ubicados en calles 114 y 15 de nuestra ciudad.-

Estuvieron presentes los Dres. Sergio Torres, Gisela Selva, Marcelo Valle, Camilo Petitti, Santiago Marchió y Clara Zunino, Secretario de Gobierno Municipal.-

A su turno, el Dr. Sergio Torres manifestó que «la verdad que estamos muy contentos porque el producto final, el producto académico va a ser valioso para la actividad judicial, para los abogados, y finalmente va a influir positivamente en la vida de las personas porque es un código preparado para que los operadores judiciales y los abogados lo puedan usar en los expedientes. Se trata de una obra colectiva, eso tiene un valor agregado porque es dificil coordinar a 90 autores donde están representados los 20 departamento judiciales de la provincia y combinar los tiempos, los horarios, los trabajos y las responsabilidades de cada uno es una tarea muy compleja y dificil sacándole tiempo a la familia, al descanso, al esparcimiento, al deporte, a los amigos.-»

En otra parte del reportaje radial, a forma de adelanto exlusivo, que tienen confirmado en una buena noticia para la provincia que en los primeros días de octubre se va a hacer  en la ciudad de La Plata organizado por la Corte el Tercer Congreso PanHispánico del Lenguaje Claro conjuntamente con la Real Academia Española y va a venir su director y a partir de ahi vamos a hacer una serie de actividades integrando a toda la provincia y a todos los jueces, funcionarios y empleados. La Real Academia ha elegido la Provincia de Buenos Aires entre muchísimas opciones que tenía la verdad que nos llena de orgullo.-

Un mercedino se suma al gabinete nacional: Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia con familia judicial ampliada

Juan Bautista Mahiques llega al Ministerio de Justicia con un apoyo que se volvió imprescindible hoy para integrarse al gabinete nacional: el de Karina Milei. Eso quedó expuesto en la foto que eligió Javier Milei para anunciar la salida de Mariano Cúneo Libarona en sus cuentas en las redes sociales. La imagen es una selfie tomada en la Quinta de Olivos por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni -otro miembro del equipo de fieles de la secretaria General-, que muestra al Presidente con su mameluco de YPF, al saliente ministro Cúneo Libarona, y a Karina Milei. Mahiques no aparece por ahora en la foto, pero ya tendrá tiempo de subir a las redes sociales imágenes con la hermana presidencial, el pin más buscado para adornar los perfiles de las redes sociales de los habitantes de la Casa Rosada.

Hoy, Mahiques es jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Tendrá que dejar los dos cargos para jurar como ministro, pero no estará obligado a romper la red de relaciones que lo llevaron hasta ahí.

El primer círculo de esa trama son sus propios parientes. Mahiques es uno de los apellidos resonantes de la familia judicial, el más endogámico de los tres poderes del Estado. Su padre es Carlos «Coco» Mahiques, camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país, que por encima sólo tiene a la Corte Suprema y su hermano es Ignacio Mahiques, fiscal.

Carlos fue noticia hace pocos días, cuando tuvo que correrse de la supervisión de la causa que investiga de quién es la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Mahiques padre era integrante de la sala I del tribunal que debe resolver dónde continuará la investigación sobre esa casa y tuvo que apartarse cuando se publicó que había celebrado su cumpleaños número 74 el año pasado en esa misma mansión.

Mahiques padre no era el único que tenía relaciones estrechas con el poder de la AFA. Esteban Mahiques, el hijo mayor, fue integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por su parte, Juan Bautista, el nuevo ministro, fue vicerrector de la Universidad de la AFA (UNAFA), una de las creaciones de Claudio Chiqui Tapia. Con el escándalo por los manejos del dinero del fútbol corriendo a toda velocidad, los Mahiques tuvieron que dejar esos lugares.

Juan Bautista se fue de la planilla formal de la AFA, pero nunca se alejará del fútbol, algo que pueden asegurar quienes lo visitaron en los diferentes despachos que ocupó en la función pública. En esos escritorios y paredes siempre hay fotos y banderines de San Lorenzo de Almagro.

Nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1980, Juan Bautista Mahiques tiene una larga relación con Juan Ustarroz y Wado De Pedro, también mercedinos pero más conocidos por su pertenencia a la agrupación kirchnerista La Cámpora.

Esa no es la principal relación política de Mahiques. Su mentor es Daniel Angelici, operador judicial, empresario del juego y ex dirigente de Boca que tiene un origen radical pero que llegó a su momento de mayor influencia cuando gobernó su amigo Mauricio Macri.

En la gestión de Macri fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación y Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Son cargos con denominaciones largas que esconden su principal rol en aquel gobierno: ser parte de la «mesa judicial» que integraban funcionarios y asesores para armar la estrategia en los tribunales y también las reformas judiciales que impulsaba el macrismo.

En su perfil de Wikipedia, que fue actualizado pocos minutos después de que el Presidente anunciara su designación en X, dice que Juan Bautista Mahiques ocupó los siguientes cargos en el Poder Judicial: «Miembro Suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Vicepresidente Segundo de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica; Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación; Representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación; Secretario del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y Secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17».

Fuente: diario Clarín

La Justicia de Mercedes dicta quiebra de La Suipachense, dejando a 140 familias sin empleo

La justicia en lo comercial de Mercedes dictó la quiebra de la empresa Conosur SA, la cual operaba la tradicional fábrica láctea La Suipachense desde 2012 bajo el manejo del grupo Maralac. La resolución judicial, firmada el 8 de noviembre, fue concedida de inmediato luego de la solicitud formal presentada por el abogado Julián Coronel, apoderado del gremio lechero Atilra y también de la firma acreedora Watt’s SA.

El fallo, emitido por el juez Leandro Julio Enriquez, dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur S.A. (CUIT 30-68714743-6) y ordena la inmediata clausura del establecimiento de Suipacha, declarando que la empresa «carece de toda generación de ingresos».

La crisis de La Suipachense se agudizó a principios de septiembre pasado, cuando la dirección despidió inicialmente a nueve trabajadores administrativos y amenazó con la expulsión de otros 60 empleados. La actividad de la fábrica se detuvo en ese momento, llevando a los 140 empleados de la planta a manifestarse, junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy, debido a la vital importancia de la fuente de empleo para la región. La planta llevaba aproximadamente tres meses de inactividad, un cese de producción que fue denunciado por el gremio Atilra, que también había armado un campamento en las puertas del establecimiento. Los trabajadores venían denunciando un supuesto «vaciamiento» de la empresa desde hace varias semanas.

En este contexto de inactividad, el juez de Mercedes intimó a fines de octubre a la empresa para que presentara un plan de acción. La firma de capitales venezolanos presentó dicho «Plan de Acción» el 4 de noviembre, pero este no recibió «favorable acogida por parte de la Sindicatura ni de los acreedores». El representante legal Julián Coronel catalogó dicho plan como una «burla» hacia todos los acreedores.

El dictamen judicial detalla un pasivo masivo. La Suipachense había acumulado una deuda postconcursal por cheques rechazados que asciende a 8.458 millones de pesos, con el Banco Central registrando más de 1.000 cheques rechazados por un total de $8.500 millones, una cifra calificada como récord para el sector. A esto se suma una deuda devengada de otros 1.000 millones de pesos reclamada por el gremio y su obra social por aportes no realizados.

Además, la concursada adeudaba parte de la segunda cuota del acuerdo homologado, más la totalidad de la tercera, cuarta y quinta cuotas, sumando un total de 293.857 dólares. Ante la intimación judicial, la empresa «ha guardado silencio».

A partir de la quiebra, el supuesto dueño de Conosur SA, el empresario venezolano Jorge Luis Borges León, perdió el control de la compañía. La justicia ordenó que se le pida a las autoridades migratorias la necesidad de una autorización judicial expresa para su eventual salida del país, además de quedar inhibido de realizar movimientos con los bienes y el capital de la firma. También se le solicitó que entregue «las llaves del establecimiento y/o claves de acceso digital».

Este colapso se enmarca en una crisis mayor ligada al grupo inversor. Días antes de la quiebra de La Suipachense, la justicia comercial también decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la cual producía postres y yogures con marca SanCor, dejando a más de 400 trabajadores sin noticias de los empresarios. Ambas compañías, La Suipachense y ARSA, estaban bajo la gestión del grupo venezolano Maralac. En total, se estima que el retiro de Maralac del negocio lácteo argentino ha dejado a más de 600 trabajadores sin empleo.

La justicia ha fijado la fecha del 10 de febrero de 2026 como límite para que los acreedores se presenten a verificar sus créditos. Posteriormente, el 14 de mayo del próximo año se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.

Sigma Agro: los directivos de la empresa a juicio oral y público

Tras 6 años de un difícil y oscilante recorrido, se acerca a su desenlace la investigación judicial sobre las responsabilidades penales por la explosión de la fábrica de Sigma Agro en Mercedes, en el cual perdió la vida de un trabajador y se derramó un millón de litros de agrotóxicos. Finalmente, el pasado 2 de octubre, el Juez de Garantías Patricio Arrieta decretó la elevación a juicio oral y público de la causa penal en la cual los únicos imputados son los directivos de la empresa Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller.

En los considerandos de la resolución, el Juez Arrieta sostuvo que “la omisión por parte de los imputados, en su calidad de directores responsables de la empresa Sigma Agro S.A., de cumplir con el procedimiento de la habilitación del lugar para funcionar, así como la remediación incompleta del sitio contaminado tras el siniestro ocurrido el 27 de septiembre de 2019, revela una inobservancia grave de los deberes legales a su cargo, configurando una conducta penalmente típica en los términos del artículo 55 en función del artículo 57 de la Ley 24.051, que reprime al que manifiestamente infringiere los deberes que la ley impone para el manejo de residuos peligrosos, generando peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.”

Para el magistrado, “Sigma Agro S.A. operó clandestinamente, sin haber cumplido ninguna de estas fases ni contar con habilitación ambiental ni controles efectivos, situación que se mantuvo debido a la invisibilización de su funcionamiento ante el OPDS y la falta de intervención de las autoridades municipales competentes”.

El juez consideró además que las omisiones posteriores al siniestro en cuanto a las obligaciones de recomposición por parte de los imputados, imposibilitaron determinar con precisión la composición, magnitud y extensión de la contaminación del suelo, recursos hídricos y medio ambiente en general, generando un riesgo para la salud pública y el ambiente.

La explosión seguida de incendio de Sigma Agro causó uno de los peores derrames tóxicos en la historia de nuestro país. Hoy, a seis años del siniestro, aún persiste claramente visible la estela de muerte dejada por los agrotóxicos derramados en su camino a través del campo, hacia dos lagunas en las cuales nace el arroyo Balta, importante afluente del Río Luján. Subsisten graves interrogantes sobre el alcance de la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, justamente en medio de una importante zona de producción hortícola.

Dos aprehendidos por varios hechos de escruches

En la jornada de este miércoles 18 se llevó a cabo la aprehensión de dos personas que habían cometido ilícitos en dos viviendas en la ciudad de Mercedes días pasados.

Según consta en la investigación, el pasado 16 de junio, en horas de la noche, dos personas ingresaron a una casaquinta en calle 121 entre 24 y 26 y, tras romper el vidrio de una de las ventanas de la morada y el candado que la aseguraba del lado interno, accedieron al lugar. Una vez allí, revolvieron los distintos ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor y se apropiaron ilegítimamente de varios efectos para luego retirarse del sitio. Poco más tarde uno de ellos retornó al lugar para hacerse de más objetos. Finalmente, al día siguiente pero en horas de la mañana volvieron a ingresar al domicilio para continuar llevándose objetos de valor, entre ellos una bicicleta, un rifle de aire comprimido, herramientas, artículos de electrónica, entre otros.

En tanto, el mismo 16 de junio pero en horas de la tarde, estas dos personas ingresaron a otro domicilio de la misma cuadra, tras cortar el alambrado perimetral. Allí se apoderaron de diversos efectos que escondieron en un tacho de residuos. En el lugar volvieron a ingresar horas más tarde y usaron el tacho para movilizar las pertenencias. Entre otros elementos se hicieron de una garrafa de 10 Kg, un televisor, y elementos varios de cocina.

Por los hechos tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Mercedes e impartió las directivas del caso. Tras reunir una serie de elementos probatorios se logró establecer la autoría del primer hecho por lo que en la urgencia – en el marco de las facultades que le son propias – se dispuso un allanamiento fiscal en un domicilio en la ciudad de Mercedes. En el lugar se encontraron una importante cantidad de elementos sustraídos en las viviendas antes mencionadas y se dispuso la aprehensión de un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar.

Los imputados (una mujer de 19 años con domicilio en la localidad de Mercedes y un hombre de 20 años con domicilio en Junín) comparecieron ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este jueves 19 del corriente. Fue por el delito de “Robo agravado por ser cometido con infracción reiterado”.

Posteriormente se solicitó ante el Juzgado de Garantías N° 3 – a cargo del dr. Patricio Arrieta – la convalidación del allanamiento fiscal y la conversión de la aprehensión en detención.

Piden elevación a juicio y cinco años de prisión para el presidente y el apoderado de SIGMA

El Ministerio Público del Departamento Judicial Mercedes, solicitó al Juzgado de Garantías Nº 3, la correspondiente elevación a juicio del caso Sigma, expediente en el que se encuentran dos personas imputadas por el incidente ocurrido en la zona rural. Los imputados en este caso son Jerónimo Juan Araujo Muller (presidente de la firma) y Gustavo Marcelo Ruffa (apoderado).

En el fundamento solicitado por el fiscal al magistrado menciona en los hechos que la Ley provincial 11459, y su Decreto Reglamentario 1741/96, establece el procedimiento para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental de una empresa que se quiera radicar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y se extiende en cómo debe ser en cada caso, de acuerdo al riesgo ambiental del emprendimiento.

Tras ello afirma que ninguno de esos pasos ha sido cumplimentado por la empresa «Sigma Agro S.A.» para lograr su habilitación para desarrollar sus actividades de producción de herbicidas y agroquímicos en su planta de «La Verde», partido de Mercedes. “Por el contrario funcionaba sin ningún tipo de habilitación, situación que la sustrajo, la invisibilizó del contralor de quien es el organismo natural que debía cumplir esa función y por añadidura del de las autoridades municipales”.

Para la Fiscalía la empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando así expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S.

Esas omisiones son las que se le reprochan penalmente a los responsables de «Sigma Agro S.A.», los imputados Muller y Ruffa, “por cuanto no solo no cumplieron con aquella obligación de que la empresa funcione con todos los requisitos formales que exige la normativa administrativa al respecto sino que, luego de ocurrido el siniestro, ya con intervención del organismo de control y por tanto totalmente anoticiados del procedimiento que debía llevar incluso una empresa informal desde lo documental como ésta, tampoco cumplieron con la obligación establecida por determinadas normativas, respecto de la remediación”.

En el expediente existen constancias probatorias que indican que el hecho, probablemente, podría haberse evitado o cuanto menos eventualmente disminuido las posibilidades de que acontezca. “La empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas…”, reitera.

Se menciona que los imputados efectuaron sus descargos correspondientes, aunque la Fiscalía entiende que muchas de las acciones de remediación efectuadas, fueron realizadas por el incidente más que por alguna otra razón, “se vio obligada”, remarca la posición del Ministerio Público. Más allá de eso, es oportuno mencionar que en el 2023 la empresa contratada para la remediación concluyó que no había contaminación de agua ni suelo en la zona donde se produjo el evento y desde Sigma mencionaron que hicieron los tramites de habilitación ante el Municipio, el OPDS y el SENASA, siendo este último organismo el único que le había otorgada habilitación definitiva. “Estas explicaciones no llegan a desligar a los imputados de sus respectivas responsabilidades”, destaca el pedido de elevación a juicio.

“Solicito se otorgue a la presente el trámite del juicio abreviado estimando procedente en el caso la aplicación a Araujo Muller y Ruffa de una pena de 5 (cinco) años de prisión, el máximo de la multa con más accesorias legales y costas del proceso; en orden a la infracción que se les enrostra; en ambos casos merituando la ausencia de antecedentes computables en su contra como atenuantes, sin agravantes; ello sin perjuicio del mejor criterio que el Sr. agente fiscal de juicio que entienda en la oportunidad considere aplicable”, concluye la solicitud.

Fuente: Semanario Protagonistas

Detienen a autora del siniestro vial en ruta 5 en el que falleció un joven de 17 años

En la noche del último martes 21 del corriente se produjo un siniestro vial en ruta nacional n° 5 y calle 11 de Mercedes, producto del cual resultó gravemente lesionado el joven Luciano Villanueva, de 17 años oriundo de la comunidad. Quien condujera el vehículo que ocasionó el siniestro se dio a la fuga del lugar. Lamentablemente, el menor falleció en horas de la tarde de este jueves 23 del corriente.

Por el hecho, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Mercedes – a cargo del dr. Luis Carcagno – que impartió las directivas del caso.

Con colaboración de personal policial y gracias al aporte de cámaras de seguridad públicas y privadas se logró identificar un vehículo de color claro en sentido Suipacha-Luján. Ya en el peaje de Olivera se identificó el mismo vehículo, siendo un Toyota Etios de color blanco, circulando en sentido Mercedes-Luján con claros indicios de daños en zona frontal.

Las tareas investigativas continuaron y se solicitó por ante el Juzgado de Garantías N° 1 una orden de allanamiento para un domicilio en CABA y la detención de una mujer mayor de edad.

La medida fue concedida y en la jornada del sábado último, personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo el allanamiento, logrando recuperar el vehículo.

En tanto, la detención de la mujer se logró efectivizar en la misma jornada, pero en horas de la noche en un domicilio de la ciudad de Chivilcoy.

La imputada (una mujer de 54 años, oriunda de CABA) compareció ante el agente fiscal a cargo en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este lunes 27 del corriente. Fue por el delito de “Homicidio culposo agravado” e hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes

Comenzó el juicio al escribano acusado de homicidio, que descartó los restos de la víctima en el río Luján en 2020

En la jornada de este 24 de abril del corriente dio comienzo en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, el debate oral y público contra Ricardo Baladia (60) por el homicidio de Miguel Pereyra ocurrido en mayo de 2020 y cuyos restos intentó ocultar en el río Luján, partido de la misma localidad en el marco de lo cual fue descubierto.

El Tribunal se encuentra conformado por los Dres. Ignacio Racca, Daniel Eugenio Machain y Pablo Vieyro y dieron inicio al debate alrededor de las 11 horas.

La Fiscalía de Juicio está a cargo de la doctora Valeria Chapuis, y la representación del particular damnificado la realizan los dres. Pablo Lamoglia y Claudio Cerqueti.

En tanto, la defensa la ejercen los dres: Luis Victorio Rapazzo, Guillermina Rapazzo y Maximiliano Ponce de León.

En primer lugar se dieron los lineamientos donde las partes expusieron lo que se pretenderá demostrar en las jornadas del debate.

Así la dra Chapuis indicó que de lo que surge de la investigación inicial entre las jornadas del 12 y 13 de mayo de 2020, el imputado Baladia le dio un puntazo con un arma blanca a Pereyra, provocandole la muerte. Ello en su oficina del rubro escribania en la calle Almirante Brown de la localidad de Morón.

Tras haberle dado muerte el imputado desmembro el cuerpo sin vida de la víctima con distintos elementos cortantes para colocarlo luego en su vehículo un BMW 528 y conducirlo hasta la zona del río Luján en la zona de un recreo de descanso donde comenzó a descartarse del cuerpo arrojandolo al río, donde fue sorprendido por personal policial que lo aprehendió en la urgencia.

En ese marco, indicó que le imputará el delito de «Homicidio simple» en calidad de autor.

Por su parte, el particular damnificado adhirió a la propuesta de la fiscal, mientras que la defensa señaló que la conducta de su defendido se encuentra amparada dentro de la no imputabilidad.
Tras ello, se escucharon a siete testigos y otras pruebas fueron incorporadas por lectura.

El debate continuará el próximo viernes 26 del corriente.