Justicia

julio 17, 2025  por

Situación crítica en los Juzgados de Garantías en Provincia de Buenos Aires

Crecen las causas, se suman competencias por casos de violencia de género, se estanca el personal y se profundiza la sobrecarga en el sistema penal bonaerense.

Los juzgados de garantías de la provincia de Buenos Aires atraviesan una crisis estructural que viene profundizándose en los últimos años. Así lo demuestra un nuevo informe elaborado por el Centro de Información y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB), que presenta una radiografía detallada de estos órganos judiciales entre los años 2003 y 2024. A partir de estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el trabajo analiza la evolución de causas ingresadas, dotación de personal, capacidad resolutiva y distribución territorial de los recursos.

Además, en marzo de 2023 la Suprema Corte trasladó a los juzgados de garantías la competencia para dictar medidas de protección en casos de violencia familiar y de género que exigen urgencia en la resolución.Los resultados son contundentes: aumento sostenido de la carga de trabajo, escasa inversión en recursos humanos y un deterioro progresivo de las condiciones laborales y de acceso a la justicia.

Récord histórico de causas en 2024

Uno de los datos más alarmantes que arroja el informe es el volumen de causas iniciadas: en 2024 se registraron 184.495 causas nuevas, lo que representa un incremento del 25% respecto a 2023 y el máximo histórico desde que existen registros. Si se analiza un período más amplio, entre 2020 y 2024 las causas iniciadas crecieron un 119% a nivel provincial. Y en algunas jurisdicciones el crecimiento fue mucho más acelerado: Berazategui (+283%), Quilmes (+254%), Florencio Varela (+231%), Olavarría (+231%), Cañuelas (+215%) y Pilar (+205%) duplicaron o triplicaron el volumen de trabajo en apenas cinco años.

A nivel interanual, el partido de Avellaneda-Lanús lidera el aumento con un 85% más de causas iniciadas que en 2023, seguido por Olavarría (+62%), Moreno-General Rodríguez (+59%), San Martín (+54%) y Morón (+45%).

Más causas, pero sin aumento de personal suficiente

A pesar del crecimiento exponencial en la cantidad de causas, la incorporación de personal no acompaña ese ritmo. Si bien desde 2003 el personal aumentó un 188%, impulsado principalmente por la creación de nuevos juzgados, en muchos casos, los recursos humanos se mantuvieron iguales o incluso disminuyeron.

  • Berazategui tuvo un aumento del 283% en sus causas mientras que el personal aumentó solamente un 53%.
  • Pilar y Olavarría: más del 200% de aumento en causas entre 2020 y 2024, pero sin ningún refuerzo de personal desde 2019.
  • Quilmes: +254% en causas, pero apenas un 4% más de personal.
  • Florencio Varela: tuvo un aumento del 231% en sus causas y un 40% en el personal
  • Cañuelas: +215% de causas con solo un 20% de incremento en su planta.

En total, 33 juzgados de garantías tienen hoy menos personal que en 2015, y en 22 juzgados la dotación es la misma que hace una década. Esto se traduce en una sobrecarga laboral constante que pone en jaque tanto la salud y los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero además implica un obstáculo concreto al derecho a acceder a la justicia.

Causas por juzgado y por agente: la presión cotidiana

Otro indicador preocupante que analiza el informe es el número de causas iniciadas por juzgado y por agente. En 2024, el promedio provincial fue de 1.827 causas por juzgado. No obstante, en sedes como Cañuelas (La Plata) y Ezeiza (Lomas de Zamora), ese número se dispara un 134% y 118% por encima del promedio, respectivamente.

Si se considera la carga individual, el promedio de causas por agente fue de 154 en 2024. Nuevamente, Cañuelas y Ezeiza encabezan el ranking, con más del doble del promedio provincial. Otras jurisdicciones con sobrecarga significativa son San Nicolás con un 60% de causas más que el promedio, Junín, Moreno-General Rodríguez y Avellaneda-Lanús por encima del 30%

Estos datos revelan una realidad conocida por quienes transitan el fuero penal: los niveles de exigencia diaria resultan insostenibles.

Baja capacidad de resolución y acumulación de causas

La consecuencia directa de esta sobrecarga es una disminución constante en la capacidad de resolución. En 2024, sólo se resolvió el 37% de las causas iniciadas, muy lejos del 71% registrado en 2018, año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica. Es decir, por cada 10 causas que ingresan, apenas se resuelven 3 o 4, y el resto se acumula, incrementando el número de causas pendientes de años anteriores.

Departamentos como Ezeiza (Lomas) (23%), San Nicolás (29%), Florencio Varela (Quilmes) (26%), Pilar (San Isidro) (30%) y Avellaneda-Lanús (23%) se ubican por debajo del ya bajo promedio provincial. El informe advierte que esta tendencia puede tener efectos regresivos sobre el acceso a la justicia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Juzgados sin habilitar y promesas incumplidas

Pese a la evidencia de colapso, todavía existen nueve juzgados de garantías creados por ley que no fueron habilitados. Se trata de unidades clave para aliviar el funcionamiento en zonas con alto nivel de litigiosidad, como Avellaneda-Lanús (2), Mercedes, Merlo, Marcos Paz, Tigre, San Fernando y Malvinas Argentinas (2).

Su no implementación constituye un incumplimiento que afecta directamente la capacidad del Poder Judicial para responder a las necesidades de la población y al bienestar de sus trabajadores.

Un llamado urgente a la acción

Los datos reunidos en este informe del CIyF-AJB no dejan lugar a dudas: los juzgados de garantías están al borde del colapso estructural. Frente a este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense ha reiterado la necesidad de:

  • Refuerzo inmediato de las plantas de personal.
  • Habilitación urgente de los juzgados creados por ley.
  • Rediseño de políticas de gestión judicial que prioricen la salud laboral.
  • Inversión pública genuina en infraestructura, tecnología y condiciones laborales.

No se trata solamente de números: se trata de personas. De miles de trabajadoras y trabajadores judiciales que sostienen, día a día, un sistema cada vez más exigido, sin los recursos necesarios. Se trata también del acceso a la justicia de la población, que se ve cada vez más postergado por un engranaje saturado e ineficiente.

La sobrecarga en los juzgados de garantías no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha agudizado de forma alarmante. El crecimiento de causas, el estancamiento del personal, la pérdida de capacidad resolutiva y la desatención por parte de los poderes del Estado configuran una situación límite. Y como toda crisis debe ser puesta en evidencia, discutida y transformada con la participación activa de quienes la padecen.

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octubre 29, 2024  por

Mercedes escenario nacional: L-Gante fue condenado a tres años de prisión en suspenso

El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes condenó al cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, a la pena de tres años de prisión en suspenso y costas «por ser autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de armas, amenazas simples y coautor penalmente responsable del delito de daño», mientras que fue absuelto por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Antes de leer el veredicto, el juez Ignacio Racca aclaró que el mismo «no implica que se le creyó a X o que no se le creyó a Z, sino que hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas y ciertas proposiciones que no se dieron acreditadas en el marco de este contexto reglado, que implica que para poder condenar a alguien tenemos que descartar todas las hipótesis razonables alternativas«.

Luego, mencionó las distintas pruebas que se presentaron en el juicio y explicó que las mismas permitían identificar a L-Gante como culpable de daños y amenazas pero no como culpable del delito de privación ilegítima de la libertad.

Al finalizar, Racca dijo que valoró como agravante la «relación» que el músico tenía con la familia del denunciante, «que conocía y frecuentaba desde niño», y que valoró como atenuantes «la falta de antecedentes y la cuestión social y cultural, especialmente porque creo que no fue Valenzuela quien originó estos problemas, sino que no reaccionó a estos incidentes que se dieron en su entorno de acuerdo a la ley».

Y agregó, explicando el motivo que lo llevó a definir que la pena a prisión no sea de cumplimiento efectivo: “Está claro que Valenzuela no tiene antecedentes penales, que el entorno carcelario podría ser muy perjudicial para él, afectando negativamente sus posibilidades de reinserción», al tiempo que recordó que «no es una cuestión solamente de Valenzuela, sino que en penas cortas está desaconsejado la prisión de efectivo cumplimiento para el desarrollo social y laboral».

«Valenzuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. Es visto como un modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por eso es el deseo y propósito de este veredicto, y centralmente de la modalidad de la pena, que termine de asumir un rol de modelo para la juventud, sobre todo la juventud que lo admira, por lo menos en lo que nos interesa a nosotros, que es el cumplimiento de la ley«, cerró el juez antes de leer el veredicto final.

Además de la condena a 3 años de prisión en suspenso, el veredicto le ordena a L-Gante fijar residencia y realizar una donación a una organización de bien público de General Rodríguez, entre otras medidas.

En los alegatos, la fiscalía había solicitado que el músico sea condenado a siete años de prisión por amenazas agravadas y daños, mientras que la querella había pedido ocho años cárcel efectiva al «entender la carencia de antecedentes penales por parte del acusado y sumar los agravantes correspondientes».

La defensa, en tanto, había solicitado la absolución de L-Gante, quien fue investigado por la Justicia de Mercedes por los delitos de «amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado», a partir de una denuncia de Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela.

Fuente: Página 12

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mayo 22, 2023  por

Presidente de la Suprema Corte de Justicia visita Mercedes con agenda cargada de actividades

En el día de hoy, el doctor Sergio Torres, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, arribó a la ciudad de Mercedes en una visita oficial. Durante su estadía, que se extenderá hasta mañana, llevará a cabo una serie de actividades y encuentros, incluyendo la presidencia de la reunión del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la selección de jueces.

Minutos después de su llegada y tras saludar al fiscal general Pablo Merola , el doctor Torres dialogó con este medio y con FM Santa María 88.1, brindando detalles sobre su visita y los objetivos de la misma. El presidente de la Corte Suprema expresó su satisfacción por tener la oportunidad de reunirse con colegas de Cámara y Primera Instancia, así como con representantes del gremio AJB y del Colegio de Magistrados de Mercedes. El propósito de estos encuentros es «abordar y dialogar sobre las problemáticas comunes que afectan al sistema judicial, con el fin de reflexionar en conjunto y buscar soluciones», tal cual aseveró.

Mañana martes, el doctor Torres presidirá una sesión formal del Consejo de la Magistratura en Mercedes, lo que representa una importante actividad de tipo institucional. Este órgano tiene como objetivo trabajar en colaboración con los departamentos judiciales de toda la provincia y acercar el funcionamiento del organismo a todas las regiones.

Al ser consultado sobre la influencia, en este año electoral, de los poderes Legislativo y Ejecutivo en el ámbito de la justicia, el doctor Torres destacó que el Poder Judicial «continúa trabajando como siempre, brindando su servicio a la comunidad». Aunque reconoció la existencia de otros aspectos a considerar como en el caso de la Justicia Electoral, aseguró que «la prioridad sigue siendo enfocarse en el trabajo diario y en las funciones propias del Poder Judicial».

En cuanto a la situación del sistema carcelario y los problemas relacionados con los detenidos en comisarías, el doctor Torres señaló que «si bien persisten dificultades, se han logrado avances significativos»: «Se están construyendo alcaidías y cárceles en diferentes unidades judiciales, lo que representa una respuesta real a la problemática existente», dijo. Sin embargo, también reconoció que «se requieren reformas de fondo para abordar en su totalidad dichos problemas, y que aún no se han cumplido todas las obras prometidas a nivel provincial».

Durante la entrevista, el presidente de la Corte Suprema destacó la importancia de la coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la Fiscalía de las Defensas Públicas, para abordar de manera integral las problemáticas del sistema judicial. «El trabajo conjunto busca no solo soluciones inmediatas, como la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, sino también mantener una política de Estado que evite el colapso del sistema carcelario y las comisarías en el futuro», destacó.

Finalmente, el doctor Torres mencionó que ha recibido inquietudes y problemas por parte del Poder Judicial de Mercedes, lo cual servirá para establecer una agenda de trabajo y abordar las problemáticas locales en conjunto con las provinciales.

Fuente: Noticias Mercedinas

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