El Gobierno nacional dio un paso fundamental en su agenda de privatización de infraestructura vial al lanzar la licitación pública nacional e internacional para la concesión de dos nuevos tramos que suman 1.872 kilómetros de la Red Federal de Concesiones.
El plan, que busca transferir la gestión de un total de 9.000 kilómetros de rutas al sector privado, incluye el estratégico Tramo Pampa, de 547 km sobre la Ruta Nacional 5 (entre Luján y Santa Rosa, La Pampa), y el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur, que abarca 1.325 km e incluye la Ruta Nacional 3 y accesos clave a la ciudad de Buenos Aires.
La medida fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien utilizó la red social X para anunciar la convocatoria. «De esta manera, estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro», afirmó el funcionario, subrayando que el objetivo es alentar la inversión privada para obtener una «infraestructura vial más moderna» y, al mismo tiempo, «cuidar los recursos de los argentinos».
La segunda etapa de la Red Federal de Concesiones se divide en estos dos grandes bloques. El Tramo Pampa se centra exclusivamente en la Ruta Nacional 5. Por su parte, el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur es de mayor envergadura, con 1.325 kilómetros, e incorpora rutas críticas como la RN 3 (615 km), la RN 205 (254 km), la RN 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
Este avance se da luego de que el pasado 8 de octubre, el Gobierno abriera los sobres para la concesión de los primeros 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1. Dicha etapa incluye los Tramos Oriental y Conexión, abarcando rutas como la RN 12 y RN 14 (Autovía del Mercosur), así como el Puente Rosario-Victoria, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Aunque inicialmente prevista para finales del año anterior, la crisis económica había demorado la apertura de esta primera convocatoria.
El plan de licitación de 9.000 kilómetros es una respuesta directa a los reiterados reclamos vecinales por el mal estado de las rutas, agravado por la falta de inversión en obra pública. Si bien esta extensión representa solo el 20% de la red vial nacional, concentra cerca del 80% del tránsito, haciendo que su modernización sea una prioridad urgente para la gestión libertaria.
