Piden elevación a juicio y cinco años de prisión para el presidente y el apoderado de SIGMA

El Ministerio Público del Departamento Judicial Mercedes, solicitó al Juzgado de Garantías Nº 3, la correspondiente elevación a juicio del caso Sigma, expediente en el que se encuentran dos personas imputadas por el incidente ocurrido en la zona rural. Los imputados en este caso son Jerónimo Juan Araujo Muller (presidente de la firma) y Gustavo Marcelo Ruffa (apoderado).

En el fundamento solicitado por el fiscal al magistrado menciona en los hechos que la Ley provincial 11459, y su Decreto Reglamentario 1741/96, establece el procedimiento para la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental de una empresa que se quiera radicar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y se extiende en cómo debe ser en cada caso, de acuerdo al riesgo ambiental del emprendimiento.

Tras ello afirma que ninguno de esos pasos ha sido cumplimentado por la empresa «Sigma Agro S.A.» para lograr su habilitación para desarrollar sus actividades de producción de herbicidas y agroquímicos en su planta de «La Verde», partido de Mercedes. “Por el contrario funcionaba sin ningún tipo de habilitación, situación que la sustrajo, la invisibilizó del contralor de quien es el organismo natural que debía cumplir esa función y por añadidura del de las autoridades municipales”.

Para la Fiscalía la empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando así expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S.

Esas omisiones son las que se le reprochan penalmente a los responsables de «Sigma Agro S.A.», los imputados Muller y Ruffa, “por cuanto no solo no cumplieron con aquella obligación de que la empresa funcione con todos los requisitos formales que exige la normativa administrativa al respecto sino que, luego de ocurrido el siniestro, ya con intervención del organismo de control y por tanto totalmente anoticiados del procedimiento que debía llevar incluso una empresa informal desde lo documental como ésta, tampoco cumplieron con la obligación establecida por determinadas normativas, respecto de la remediación”.

En el expediente existen constancias probatorias que indican que el hecho, probablemente, podría haberse evitado o cuanto menos eventualmente disminuido las posibilidades de que acontezca. “La empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas…”, reitera.

Se menciona que los imputados efectuaron sus descargos correspondientes, aunque la Fiscalía entiende que muchas de las acciones de remediación efectuadas, fueron realizadas por el incidente más que por alguna otra razón, “se vio obligada”, remarca la posición del Ministerio Público. Más allá de eso, es oportuno mencionar que en el 2023 la empresa contratada para la remediación concluyó que no había contaminación de agua ni suelo en la zona donde se produjo el evento y desde Sigma mencionaron que hicieron los tramites de habilitación ante el Municipio, el OPDS y el SENASA, siendo este último organismo el único que le había otorgada habilitación definitiva. “Estas explicaciones no llegan a desligar a los imputados de sus respectivas responsabilidades”, destaca el pedido de elevación a juicio.

“Solicito se otorgue a la presente el trámite del juicio abreviado estimando procedente en el caso la aplicación a Araujo Muller y Ruffa de una pena de 5 (cinco) años de prisión, el máximo de la multa con más accesorias legales y costas del proceso; en orden a la infracción que se les enrostra; en ambos casos merituando la ausencia de antecedentes computables en su contra como atenuantes, sin agravantes; ello sin perjuicio del mejor criterio que el Sr. agente fiscal de juicio que entienda en la oportunidad considere aplicable”, concluye la solicitud.

Fuente: Semanario Protagonistas

Responsables de Sigma Agro son llamados a indagatoria

El titular de la UIF nro. 6 expresó al tomar le decisión que: “Existen en la presente investigación elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión, por parte de los señores Jerónimo Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa, en su carácter de presidente y apoderado legal respectivamente de la empresa Sigma Agro S.A., de los delitos que en este estadío de la investigación corresponden ser calificados como «Infracción al art. 55 en función del 57 de la Ley de residuos peligrosos».

Las pruebas reunidas son contundentes y acreditan, tal como lo sostiene el Fiscal, que: “…la empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S. en fecha 28/05/2022.”.

Con las pruebas aportadas en la causa el Fiscal pudo afirmar con respaldo que la empresa SIGMA Agro SA incumplió toda la normativa ambiental y con dicho incumplimiento impidió determinar con exactitud cada una de las sustancias contaminantes, la magnitud de la contaminación en la extensión de suelo, recurso hídrico y/o medio ambiente en general, el impacto en la salud pública y la recomposición del daño ambiental causado, es así que en función del riesgo causado a la salud de la población y medio ambiente se les imputa a los empresarios responsables de SIGMA el delito de atentado a la salud pública o infracción a la ley de residuos peligrosos.

Si bien la decisión de llamar a indagatoria es bien recibida por las organizaciones y vecinos no dejan de reclamar las excesivas demoras en el tramite judicial, también reclaman que el llamado de indagatoria sea ampliado a los funcionarios provinciales y municipales que permitieron durante años a funcionar en el marco de ilegalidad que el Fiscal pudo comprobar. Una de las graves demoras se registra en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes a cargo de la Dra. Cintia Soto donde la magistrada no resuelve las cuestiones planteadas en plazo razonable y no aplica al proceso judicial los mandatos que establece la ley ambiental.

El avance de la causa penal contra los empresarios de SIGMA AGRO SA por el desastre socioambiental causado por el incendio, explosión y derrame masivo de sustancias tóxicas es un hecho positivo y necesario dado que los autores del delito investigado deben ser condenados por el grave daño causado. Lamentablemente esa misma empresa protagonizó otro grave hecho ocurrido el 22 de febrero de 2023 en la autopista del Oeste, a la altura de Ituzaingó, donde se incendió un camión que transportaba Cletodim, sustancia muy tóxica, y cuyo contenido también se esparció en el ambiente, en ese nuevo hecho.

 

También se instruye una causa penal por los mismos delitos ya cometidos y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados ya se presentó como querellante para impulsar esa investigación penal.