Sigma Agro: los directivos de la empresa a juicio oral y público

Tras 6 años de un difícil y oscilante recorrido, se acerca a su desenlace la investigación judicial sobre las responsabilidades penales por la explosión de la fábrica de Sigma Agro en Mercedes, en el cual perdió la vida de un trabajador y se derramó un millón de litros de agrotóxicos. Finalmente, el pasado 2 de octubre, el Juez de Garantías Patricio Arrieta decretó la elevación a juicio oral y público de la causa penal en la cual los únicos imputados son los directivos de la empresa Gustavo Ruffa y Jerónimo Araujo Muller.

En los considerandos de la resolución, el Juez Arrieta sostuvo que “la omisión por parte de los imputados, en su calidad de directores responsables de la empresa Sigma Agro S.A., de cumplir con el procedimiento de la habilitación del lugar para funcionar, así como la remediación incompleta del sitio contaminado tras el siniestro ocurrido el 27 de septiembre de 2019, revela una inobservancia grave de los deberes legales a su cargo, configurando una conducta penalmente típica en los términos del artículo 55 en función del artículo 57 de la Ley 24.051, que reprime al que manifiestamente infringiere los deberes que la ley impone para el manejo de residuos peligrosos, generando peligro concreto para el ambiente, los recursos naturales o la salud pública.”

Para el magistrado, “Sigma Agro S.A. operó clandestinamente, sin haber cumplido ninguna de estas fases ni contar con habilitación ambiental ni controles efectivos, situación que se mantuvo debido a la invisibilización de su funcionamiento ante el OPDS y la falta de intervención de las autoridades municipales competentes”.

El juez consideró además que las omisiones posteriores al siniestro en cuanto a las obligaciones de recomposición por parte de los imputados, imposibilitaron determinar con precisión la composición, magnitud y extensión de la contaminación del suelo, recursos hídricos y medio ambiente en general, generando un riesgo para la salud pública y el ambiente.

La explosión seguida de incendio de Sigma Agro causó uno de los peores derrames tóxicos en la historia de nuestro país. Hoy, a seis años del siniestro, aún persiste claramente visible la estela de muerte dejada por los agrotóxicos derramados en su camino a través del campo, hacia dos lagunas en las cuales nace el arroyo Balta, importante afluente del Río Luján. Subsisten graves interrogantes sobre el alcance de la contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, justamente en medio de una importante zona de producción hortícola.

Citan a declarar a dos responsables de SIGMAAgro, imputados por infracción a la ley deresiduos peligrosos

A principios del mes de marzo, la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas N°1, a cargo interinamente en esta causa del dr. Luis Carcagno, citó a comparecer en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal al presidente y apoderado legal respectivamente de la empresa Sigma Agro S.A. Ello atento a los delitos que en este estadío e la investigación corresponden ser calificados como “Infracción al artículo 55 en función del 57 a la ley 24051 (Ley de residuos peligrosos)”.
Si bien originalmente la fecha prevista era durante el mes de marzo último, por pedido de los etrados patrocinantes, deberán comparecer el próximo 18 de abril del corriente en la sede fiscal.
Para el fiscal, quedó acreditado – al menos con la certeza necesaria en esta instancia de la nvestigación – que existen elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión, por parte e los citados, de los delitos antes mencionados. Se les imputa a estas dos personas como esponsables de la fábrica de mención, y por ende de la producción y generación de materiales ue luego derivaran en residuos, que no llevaron a cabo las acciones necesarias para caracterizar y remediar el sitio contaminado.
Todo ello sobre las bases de la evaluación de toda la documentación solicitada a los organismos competentes en esta materia sobre los cuales se han remitidos sendos pedidos de informe. Estos dan cuenta de que SIGMA Agro no completó los pasos requeridos para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental del proyecto y por lo tanto no contaba con la habilitación definitiva de la actividad. En resumidas cuentas, sus actividades de producción de herbicidas y agroquímicos en su lanta de «La Verde», partido de Mercedes (B) funcionaban sin ningún tipo de habilitación y a raíz e ello no recibían ningún tipo de contralor del organismo de control ni de las autoridades unicipales. No solo eso, sino que además, tras el siniestro del pasado 27 de septiembre de 2019 n la planta de Altamira, fue sancionada la firma por el Organismo de Control (OPDS) y no solo ebía cumplimentar cuestiones administrativas sino también de remediación en el sitio afectado por los residuos peligrosos vertidos. Cuestiones que no atendió.
Es por ello que, en función del riesgo causado a la salud de la población y medio ambiente, se les imputa la “infracción al art. 55 en función del 57 de la Ley 24051” y deberán comparecer ante el agente fiscal la próxima semana.-