El Gobierno nacional avanza en la liquidación del Pro.Cre.Ar, un plan que significó una transformación en la política habitacional vinculada a la gestión estatal de activos inmobiliarios. El cambio de gobierno hizo que algunos de los proyectos en marcha quedaran a mitad de camino y el de 141 viviendas en Mercedes fue uno de ellos.
el Desarrollo Urbanístico de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, por las 141 unidades habitacionales, cuenta con un 53,13 % de avance físico. Que había sido suspendido como puede observarse y que se había generado la necesidad de reestructurar los circuitos existentes en materia de organización y toma de decisiones de estos fondos. Tal vez esa decisión sea la que se conoció hace pocas horas.
También el intendente Ustarroz nos había hecho saber que el Municipio solicitó la transferencia de las viviendas a la órbita comunal para terminarla con fondos de los potenciales beneficiarios, es decir sin costo para el Estado nacional. Es evidente que esta propuesta no prosperó en términos oficiales, aunque el reciente anuncio deja una puerta entreabierta.
Se supo ahora que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de casas y departamentos que, aunque concluidos en diferentes etapas del programa, nunca recibieron adjudicatario. Cualidades que tiene el desarrollo urbanístico ubicado en este distrito. Se abre entonces la posibilidad de adquirir estas propiedades a través de subastas públicas electrónicas administradas en línea.
Las subastas abarcan propiedades terminadas que nunca se asignaron. En este grupo ingresan unidades habitacionales de diferentes dimensiones, emplazadas en barrios planificados de varias provincias. Según la normativa, se trata de casas y departamentos en desarrollos de mediana escala o barrios completos erigidos en terrenos fiscales.
La oferta incluye inmuebles que cuentan con todos los servicios básicos y conexiones instaladas. Los proyectos respetaron los lineamientos constructivos establecidos por el programa federal e integran espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía respecto a zonas urbanas. En la mayoría de los barrios en cuestión predominan viviendas de dos o tres dormitorios, aunque la cantidad puede variar según el desarrollo seleccionado en cada caso.
La decisión oficial también extendió la transferencia de unidades en construcción hacia provincias, municipios o el sector privado para finalizar la obra por fuera del alcance directo del programa liquidado. Tal vez el único dato que puede alentar una expectativa a las pretensiones de las autoridades municipales.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) gestionará el calendario de ventas y suministrará toda la información técnica, legal y gráfica sobre cada inmueble en los días previos al acto de subasta. Los interesados podrán acceder a imágenes, detalles de distribución, ubicación y servicios disponibles para evaluar las diferentes alternativas.
Para intervenir en las subastas, los aspirantes deben realizar una inscripción previa en la plataforma digital habilitada por la AABE. El registro requiere constituir un domicilio legal y electrónico en el país, completar los formularios electrónicos respectivos y cargar documentación personal y fiscal que respalde la identidad y capacidad legal del solicitante.
Uno de los requisitos centrales de participación implica el pago de una garantía cuyo monto se informará previamente para cada subasta. Además, los formularios electrónicos permiten seleccionar el inmueble de interés y confirmar la inclusión en el sistema de pujas. La oferta inicial partirá de un precio base determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
La participación está abierta a personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación establecida en cada pliego. No es indispensable contar previamente con un crédito hipotecario aprobado para ofertar. No existe tope de edad ni condiciones restrictivas respecto al perfil laboral, pero el adjudicatario debe acreditar solvencia económica para cumplir con la operación.
La subasta engloba a propiedades que estuvieron bajo contratos de locación de obra, con avance finalizado o parcial durante la vigencia del fondo. Los inmuebles sin contratos vigentes pasaron a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se encarga de su comercialización o transferencia, según el esquema fijado por la reglamentación estatal.
En cuanto a las viviendas en estado de obra o sin finalizar, la Secretaría de Obras Públicas habilitó la transferencia a provincias, municipios o sector privado para su conclusión y venta posterior. La resolución administrativa permite al Ejecutivo disponer, transferir o vender estos activos para afrontar las deudas pendientes del ProCreAr y completar el proceso de liquidación.
