Juan Martín Andres

El secretario general y delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mercedes, Navarro y San Andrés de Giles, Juan Martín Andrés, expresó una dura postura crítica tras la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó nuevamente sin efecto las restricciones fijadas por la Ley de Tierras.

La decisión judicial devolvió vigencia a la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 70/2023, eliminando el límite del 15 % a la titularidad de tierras rurales en manos de personas o corporaciones extranjeras.

Al respecto, el referente sindical remarcó el impacto que la medida genera en la soberanía territorial y la producción nacional: “No podemos aceptar que la Argentina se ponga en venta. La tierra no es una mercancía cualquiera. Es soberanía, producción, alimento, trabajo y futuro. Cuando se eliminan límites para que capitales extranjeros avancen sobre nuestros recursos, se está discutiendo qué país queremos y en manos de quién va a quedar”, aseveró Andrés.

Asimismo, la conducción regional de la CGT cuestionó el alcance institucional del pronunciamiento del máximo tribunal del país. Si bien la resolución de la Corte obedeció a aspectos procesales y no a una revisión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, Andrés remarcó que las consecuencias prácticas dejan desprotegido al patrimonio natural argentino. “Los jueces pueden explicar su decisión desde lo jurídico, pero hoy la Argentina queda más desprotegida frente a la extranjerización de sus tierras. Y cuando se trata de soberanía, ningún poder del Estado puede mirar para otro lado”, sostuvo.

En ese marco, el dirigente gremial relacionó la liberación del mercado inmobiliario rural con los recientes discursos del presidente Javier Milei dirigidos al empresariado internacional: “Mientras el Presidente invita a inversores extranjeros a venir a llenarse los bolsillos, se eliminan límites que protegían nuestras tierras y nuestros recursos. No son hechos separados. Hay una política que facilita los negocios de unos pocos mientras los trabajadores argentinos hacen cada vez más esfuerzo para sostenerse”.

Por último, Juan Martín Andrés diferenció la especulación inmobiliaria y de recursos de la inversión orientada al desarrollo productivo y la creación de empleo local. “Las inversiones que necesita la Argentina son las que producen, generan trabajo y dejan desarrollo en nuestro país. No las que vienen a apropiarse de nuestros recursos y llevarse la riqueza afuera”, concluyó, enfatizando que la defensa de la tierra, del agua y de los bienes naturales constituye un pilar central para la protección del trabajo argentino.

El delegado regional de la CGT Mercedes, Juan Martín Andrés, rechazó la decisión del Gobierno nacional de subastar el predio del Procrear de Mercedes, donde permanecen inconclusas 141 viviendas que habían sido proyectadas para familias trabajadoras.

“Primero paralizaron las obras, abandonaron el programa y ahora quieren vender las tierras y las construcciones al mejor postor”, sostuvo Andrés.

El dirigente gremial advirtió que la medida no se limita a Mercedes. También fue autorizada la subasta de otras 149 viviendas sin terminar en Junín. Entre ambas ciudades, el Gobierno pretende rematar 290 unidades habitacionales y más de 39.000 metros cuadrados de tierras públicas.

En el caso de Mercedes, el predio se encuentra sobre el Acceso Manuel San Martín, cuenta con una superficie de 17.714 metros cuadrados y presenta un avance de obra cercano al 50 por ciento. El proyecto contempla 141 viviendas, entre unidades multifamiliares y dúplex, y será ofrecido con una base superior a los 4,2 millones de dólares.

“No estamos hablando de un inmueble cualquiera. Son tierras públicas y obras financiadas con recursos de toda la sociedad. Esas viviendas fueron pensadas para que las familias pudieran acceder a la casa propia, no para convertirse en un negocio inmobiliario”, afirmó el delegado regional de la CGT Mercedes.

Andrés vinculó la subasta con una política más amplia de retiro del Estado en materia habitacional, que incluye la disolución del Procrear, la paralización de la obra pública y el cierre de sucursales del Banco Hipotecario.

En ese sentido, mencionó especialmente el cierre de la sucursal de Luján, que atendía a familias de toda la región y cumplía un papel importante en el acceso a créditos para la vivienda.

“Mientras los salarios pierden poder adquisitivo, los alquileres se llevan una parte cada vez mayor de los ingresos y el crédito hipotecario queda fuera del alcance de la mayoría, el Gobierno decide rematar viviendas y tierras públicas”, cuestionó.

Finalmente, Juan Martín Andrés convocó a las organizaciones sindicales, sociales, políticas, vecinales y estudiantiles, junto con toda la comunidad de Mercedes, a sumar fuerzas contra la subasta.

“No vamos a permitir que un proyecto habitacional construido con el esfuerzo de todos termine entregado al mejor postor. La vivienda es un derecho y tenemos que defenderla entre todos”, concluyó.

El proyecto de Ley de Reforma Laboral obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, con 42 votos afirmativos y 30 en contra, entre intensos debates, movilizaciones y represión. El siguiente paso es su tratamiento en Diputados.

Al respecto el Delegado Regional de la CGT Mercedes/Navarro/S.A de Giles sostuvo en declaraciones a a la mañana de FM Santa María 88.1, que “esta reforma implica un retroceso histórico a los derechos de las y los trabajadores”.

“Profundizaremos nuestro plan de lucha contra la Reforma Laboral en todos los ámbitos. Este proyecto de Ley no es modernización; es destrucción de derechos; es precarización laboral; es limitar el derecho a huelga; es una ley que promueve y abarata el despido, subsidiándolo con las cajas de los jubilados y hace desaparecer las vacaciones como un derecho al descanso al fraccionarla”, afirmó el Delegado Regional e indicó que “es tan siniestra que a un compañero oncológico se le rebaja el sueldo, se lo castiga por estar enfermo”.

“Claramente el proyecto impulsado por el gobierno nacional no busca resolver los problemas de los trabajadores, los cuales hoy ya son muchísimos, sino que los agrava”, completó Andrés. 

Si bien faltan varios pasos antes de que pueda entrar en vigencia la reforma, el siguiente es el tratamiento en la Cámara de Diputados, por lo cual Andrés solicitó «a las y los diputados que actúen con responsabilidad y claridad frente a este proyecto de desprotección de los trabajadores”.

En cuanto a su tratamiento, el representante de la CGT manifestó que “una verdadera modernización laboral se debe realizar escuchando a todos los sectores y de cara al pueblo, no mediante un proyecto exprés a espaldas del mismo”.