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El titular de la UIF nro. 6 expresó al tomar le decisión que: “Existen en la presente investigación elementos suficientes e indicios vehementes de la comisión, por parte de los señores Jerónimo Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa, en su carácter de presidente y apoderado legal respectivamente de la empresa Sigma Agro S.A., de los delitos que en este estadío de la investigación corresponden ser calificados como «Infracción al art. 55 en función del 57 de la Ley de residuos peligrosos».

Las pruebas reunidas son contundentes y acreditan, tal como lo sostiene el Fiscal, que: “…la empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S. en fecha 28/05/2022.”.

Con las pruebas aportadas en la causa el Fiscal pudo afirmar con respaldo que la empresa SIGMA Agro SA incumplió toda la normativa ambiental y con dicho incumplimiento impidió determinar con exactitud cada una de las sustancias contaminantes, la magnitud de la contaminación en la extensión de suelo, recurso hídrico y/o medio ambiente en general, el impacto en la salud pública y la recomposición del daño ambiental causado, es así que en función del riesgo causado a la salud de la población y medio ambiente se les imputa a los empresarios responsables de SIGMA el delito de atentado a la salud pública o infracción a la ley de residuos peligrosos.

Si bien la decisión de llamar a indagatoria es bien recibida por las organizaciones y vecinos no dejan de reclamar las excesivas demoras en el tramite judicial, también reclaman que el llamado de indagatoria sea ampliado a los funcionarios provinciales y municipales que permitieron durante años a funcionar en el marco de ilegalidad que el Fiscal pudo comprobar. Una de las graves demoras se registra en el Juzgado Civil y Comercial Nro. 10 de Mercedes a cargo de la Dra. Cintia Soto donde la magistrada no resuelve las cuestiones planteadas en plazo razonable y no aplica al proceso judicial los mandatos que establece la ley ambiental.

El avance de la causa penal contra los empresarios de SIGMA AGRO SA por el desastre socioambiental causado por el incendio, explosión y derrame masivo de sustancias tóxicas es un hecho positivo y necesario dado que los autores del delito investigado deben ser condenados por el grave daño causado. Lamentablemente esa misma empresa protagonizó otro grave hecho ocurrido el 22 de febrero de 2023 en la autopista del Oeste, a la altura de Ituzaingó, donde se incendió un camión que transportaba Cletodim, sustancia muy tóxica, y cuyo contenido también se esparció en el ambiente, en ese nuevo hecho.

También se instruye una causa penal por los mismos delitos ya cometidos y la Organización de Ambientalistas Autoconvocados ya se presentó como querellante para impulsar esa investigación penal.