El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, participó activamente de la clase magistral encuentro “BiodiverCiudades: el desafío hídrico”, un espacio de debate técnico y político donde mandatarios del conurbano y del interior bonaerense unificaron posiciones frente al freno de la obra pública dispuesto por la administración central.
La actividad se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y fue organizada en conjunto por la Red de BiodiverCiudades, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Nacional de Luján (UNLU).
El eje central de la jornada estuvo dominado por la urgente necesidad de reactivar infraestructura a gran escala, puntualmente el Plan Hídrico Social y Ambiental de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, una obra estratégica que demanda una inversión estimada en 350 millones de dólares y que beneficiará a más de un millón de habitantes de los partidos de Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda.
Durante su exposición, el mandatario mercedino puso el foco en la profunda asimetría económica que sufren las administraciones locales frente a la recaudación centralizada de recursos por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
“Si uno analiza el triángulo impositivo de la Argentina, los matanceros, los lujaneros, los quilmeños, los mercedinos, aportamos, de nuestros impuestos, el 80% al Gobierno Nacional, el 16% a los Estados Provinciales y el 4% a los Municipios”, detalló Ustarroz.
En esa misma línea, el jefe comunal de Mercedes remarcó que bajo un auténtico esquema federal resulta indispensable el aporte mancomunado de las tres esferas estatales. “En un proyecto de Patria, en un proyecto de país, se necesita de todos los niveles del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, para llevar adelante este tipo de cosas. El Estado Nacional tiene que hacer obra en el Estado Nacional”, sentenció de forma categórica.
La apertura y el planteo principal del conversatorio estuvieron a cargo de la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, quien denunció que el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, mantiene bloqueada la firma de la garantía soberana necesaria para que la provincia de Buenos Aires y los municipios puedan acceder al crédito internacional preaprobado por la CAF.
“Comenzamos a hacer la presentación para conseguir el financiamiento internacional, porque nadie aquí desconoce que se ha desfinanciado por completo la obra pública. Quilmes necesita, dentro del plan hídrico, dos aliviadores, y no está previsto en ningún presupuesto que esto sea así”, argumentó Mendoza, quien estuvo acompañada por sus secretarios Cecilia Soler (Desarrollo Urbano) y Sebastián García (Servicios Públicos). La legisladora insistió en que «donde hay una necesidad, hay un derecho» y aseguró que continuarán generando conciencia colectiva en la región para mitigar los efectos de la crisis climática en las barriadas populares.
Por su parte, el vicepresidente Corporativo de la CAF, Christian Asinelli, valoró el compromiso territorial de los jefes comunales y explicó que la Red de BiodiverCiudades se creó justamente para dotar de herramientas de planificación a los intendentes, quienes «son los que hacen la política pública y solucionan los problemas reales del día a día». En sintonía, el rector de la UNLAM, Daniel Martínez, instó a concebir los recursos hídricos como elementos integrantes de la comunidad que deben ser potenciados para mejorar la calidad de vida de la sociedad.
El debate sumó también el testimonio del intendente de Luján, Leonardo Botto, quien recordó los antecedentes de gestión hídrica durante el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, momento en que se destrabaron los avales internacionales para la cuenca del Río Luján. Botto advirtió que las dilaciones políticas sufridas entre 2015 y 2019 paralizaron los avances institucionales, obligando a recrear el Comité de Cuenca con posterioridad.
El proyecto técnico de la cuenca San Francisco – Las Piedras, elaborado en 2021 por especialistas y universidades, representa uno de los desafíos de ingeniería civil más complejos del AMBA. Contempla la ejecución de un Túnel Aliviador subterráneo de 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro bajo la calle Florencio Varela (valuado en 224 millones de dólares), conductos complementarios por 80 millones de dólares, además de reservorios, estaciones de bombeo y nuevos puentes aptos para el esparcimiento público.
Aunque las comunas involucradas ya ejecutaron una primera fase operativa con fondos propios —basada en tareas de desobstrucción, limpieza de cauces, apertura de canales y retiro de residuos de los puntos críticos—, los mandatarios coincidieron en que el desarrollo de las obras de fondo excede de forma absoluta la capacidad financiera de cualquier municipio actuando en soledad, por lo que aguardan una pronta respuesta técnica por parte del Palacio de Hacienda nacional.
