La Unión Cívica Radical de Mercedes no logró alcanzar una lista de unidad y finalmente fue a elecciones internas el 7 de junio, en el marco de la renovación de autoridades partidarias en toda la provincia de Buenos Aires.
Mientras a nivel bonaerense los principales sectores consiguieron consensuar una conducción unificada, en Mercedes las negociaciones fracasaron tras varios intentos de acercamiento entre oficialismo y oposición. Las diferencias en torno al reparto de cargos y la conformación de la conducción partidaria terminaron por profundizar la división.
La lista oficialista llevó como candidata a presidenta a Marisa Brilado, mientras que el sector opositor estavo encabezado por Marcelo Ventrelli como candidato a presidente, acompañado por Sofía Marino como candidata a vicepresidenta.
Desde el oficialismo radical señalaron que fue imposible arribar a un entendimiento debido a las exigencias planteadas por el sector rival. “La lista de Ventrelli quería quedarse con los cuatro cargos directivos y además el primer vocal, para recién a partir de ahí comenzar a intercalar lugares”, expresaron fuentes partidarias vinculadas a la conducción actual.
En tanto, desde la oposición rechazaron esa interpretación y aseguraron que nunca existió una verdadera voluntad política de concretar la unidad. Según manifestaron, la propuesta realizada por el oficialismo resultaba insuficiente y hasta “inviable” desde el punto de vista institucional.
“Nos ofrecían una Vicepresidencia segunda que ni siquiera existe en la carta orgánica y solamente cinco lugares dentro de una lista compuesta por 28 personas”, sostuvieron desde el espacio que impulsa la candidatura de Ventrelli.
Además, desde ese sector reclamaron “más humildad” por parte de la conducción actual y cuestionaron lo que definieron como “egos personales” que terminaron impidiendo cualquier posibilidad de consenso.
La disputa interna deja en evidencia el fuerte nivel de tensión que atraviesa el radicalismo local, en un contexto donde en gran parte del territorio bonaerense sí se logró evitar la confrontación electoral mediante acuerdos de unidad. De esta manera, el comité radical de Mercedes tuvo competencia interna el domingo 7 de junio.
En el tramo final de la campaña de cara a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mercedes, que se desarrollaron este domingo 7 de junio, la tensión política sumó un nuevo capítulo de confrontación directa. Los integrantes de la Lista 15 emitieron un duro comunicado de prensa en el que manifestaron su «más enérgico repudio» ante lo que consideraron una campaña signada por «agravios, calumnias e injurias» por parte de la oficialista Lista 11.
El detonante del conflicto fueron las recientes declaraciones periodísticas vertidas por el dirigente Carlos Cartasegna en el medio Dato Posta. Desde la Lista 15 señalaron que dichos dichos representan el «punto más bajo» del proceso electoral interno, argumentando que se basan en «sospechas infundadas» que buscan desacreditar la trayectoria de sus candidatos.
Ante esta situación, el sector opositor intimó públicamente a la Lista 11 y, en particular, a la presidenta saliente del comité local y promotora de ese espacio, Karina Laregina, a aclarar de manera urgente si las expresiones de Cartasegna corresponden a una postura estrictamente personal o si forman parte de la estrategia electoral del oficialismo.
Asimismo, exigieron una rectificación pública de las afirmaciones formuladas, bajo la premisa de que «no existe elemento alguno» que vincule a los miembros de la Lista 15 con las acusaciones vertidas. A pocas horas de que se abran las urnas, los firmantes exhortaron a culminar el proceso con «altura institucional» y convocaron a los afiliados a votar el próximo domingo para «reconstruir la institucionalidad del partido».
Sin perjuicio de ello, y tras el desarrollo electoral y el posterior escrutinio, la lista oficialista que lleva a Marisa Brilado a la presidencia del comité local de la Unión Civica Radical, la lista 11 se impuso por 188 votos a 158 de la lista 15, con una diferencia de 30 votos solamente.-
Con una gran participación de vecinos cerró la primera ronda de trabajo, planificación y consultas del Presupuesto Participativo 2026. En la sociedad de Gowland y Agote fue el cierre de varias semanas de encuentros en distintos puntos de la ciudad.
El intendente Juan Ignacio Ustarroz agradeció a los vecinos, a las instituciones y a quienes dieron forma y contenido a esta propuesta de construcción colectiva.
Esta herramienta institucional, regulada a nivel local mediante una ordenanza del año 2016, busca canalizar de forma directa y democrática las necesidades de cada sector mediante el debate y la votación vecinal.
El subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Fernando Massón, destacó que se tuvo una excelente primera ronda de trabajo en distintas sedes, donde se verificó lo realizado en 2025 y se empezó a trabajar lo que será el 2026. Massón recordó además que el esquema general contempló dos instancias de asamblea por zona e invitó a seguir sumándose a las fuerzas vivas de cada sector, tales como escuelas, sociedades de fomento, clubes deportivos e iglesias.
El despliegue territorial vino sosteniendo un cronograma estratégico que permitió a múltiples sectores plantear sus realidades. A continuación se detallan los encuentros y la totalidad de las barriadas participantes en cada uno de ellos:
En la Zona 1, que tuvo como sede al Rotary Club, se convocó a vecinas y vecinos de los barrios Güemes, Norte, Lapenta, Payró, Oeste, Unzué, Este, Unión, Estrada, Virgen del Rosario, Histórico, Hospital, Mitre, Tres Avenidas, Molino y Medalla Milagrosa.
El recorrido continuó en la Zona 3, con sede en el Hospital Odontológico, donde se congregó a las familias de Villa del Parque, Trocha, Esperanza, Pago Chico, Las Acacias, Los Sauces, Los Robles, Calvillo, San José, Peñaloza y Eva Duarte.
Por su parte, la Zona 4 tuvo su punto de encuentro en la Casa Paulo Freire, abarcando a los sectores de Unzué, San Justo, Unidad y Progreso, Marchetti, La Amistad, Malvinas, Hipólito Yrigoyen, Soldado Balvidares, Mutti, Lopardo, San Martín, Redes, Belgrano, Facundo Quiroga, Ravello y 12 de Octubre.
Los debates previos a la llegada a las localidades rurales se dieron en la Zona 5, reuniendo en el Centro de Veteranos Islas Malvinas a residentes de América, Villa Industrial Oeste, Lomas del Pacífico, La Colina, Nueva Austral, Favaloro y Los Paraísos.
Asimismo, la Zona 6 contó con una amplia participación en el SUM de la Liga de Padres (Ateneo) por parte de los sectores Gendarmería, FONAVI, Seminario, Villa Industrial Este, San Francisco, París Giannini, Parque Oeste, San Jorge y San Alberto.
Finalmente, el cierre del ciclo de reuniones barriales correspondientes a esta primera etapa se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento de Gowland y Agote, sumando una gran cantidad de jóvenes, vecinos, vecinas, representantes de clubes, de la zona rural y centros de jubilados.
La ciudad de Chivilcoy se convirtió el jueves en el epicentro del debate político y judicial de la región al albergar el primer encuentro de la Cuarta Sección Electoral destinado a la modernización y reforma de la Ley Provincial de Seguridad N° 12.154.
La jornada de trabajo técnico e institucional reunió a autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires junto a once intendentes y secretarios del área de diversas localidades, con el propósito de consensuar los lineamientos para actualizar una normativa que data de hace casi tres décadas.
El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la Provincia, Andrés Escudero, junto al intendente anfitrión, Guillermo Britos, quien ofreció la bienvenida institucional.
Durante la apertura, se destacó la decisión del gobernador bonaerense de enviar un proyecto de reforma integral a la Legislatura que asimile e integre la mirada territorial de los municipios dentro del diseño del sistema provincial.
Durante las deliberaciones, los jefes comunales expusieron las realidades estructurales que enfrentan en materia de prevención del delito. En ese marco, plantearon una solicitud unificada de alta sensibilidad operativa: exigieron formalmente a las autoridades del Ministerio de Seguridad que los efectivos policiales oriundos del interior provincial que actualmente prestan servicio en distintos distritos del Conurbano bonaerense sean «repatriados» a sus municipios de origen.
Asimismo, los mandatarios recalcaron la urgencia de establecer diferencias explícitas en el texto de la nueva ley entre las problemáticas delictivas que atraviesan los distritos del interior y las realidades de la zona metropolitana. Ante este escenario, las autoridades ministeriales asumieron el compromiso formal de dar cumplimiento a las solicitudes de reasignación de personal.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, respaldó con firmeza el proceso de descentralización y la profundización de la autonomía municipal en la gestión de la seguridad, aunque advirtió de manera tajante que cualquier transferencia de responsabilidades por parte del Ejecutivo provincial debe verse reflejada en la asignación de su correspondiente presupuesto.
«Nos guste o no, el responsable de la seguridad para nuestros vecinos somos nosotros. Si los intendentes no nos hacemos cargo del control de la inseguridad, estamos fritos. Cuando ocurre un delito, los vecinos no van a reclamarle al gobernador ni al ministro; van a la casa del intedente», enfatizó Britos, quien además recordó su histórica postura de avanzar hacia un esquema donde los líderes comunales puedan conducir de forma directa la policía de seguridad de sus distritos.
El jefe comunal anfitrión argumentó su posición exponiendo el modelo de Chivilcoy, cuya Secretaría de Seguridad cuenta con un equipo técnico especializado que —según indicó— permitió registrar una tasa cero de homicidios en ocasión de robo durante sus diez años y medio de gestión. Destacó también el funcionamiento de la Oficina de Cibercrimen local, única en su tipo en el territorio provincial, la cual opera actualmente en allanamientos extrajurisdiccionales a disposición del Ministerio.
Por su parte, el subsecretario provincial Andrés Escudero argumentó la necesidad de la reforma al señalar que la Ley 12.154 presenta severas limitaciones para dar respuesta a las demandas locales del siglo XXI. Explicó que el marco legal vigente fue redactado con anterioridad al desarrollo tecnológico y logístico que los municipios financiaron e implementaron de manera independiente en los últimos años.
Vacíos regulatorios: Elementos clave como los centros de monitoreo inteligente, los botones de pánico y los sistemas de alerta vecinal carecen de un marco regulatorio específico que los integre formalmente al sistema provincial.
Programas locales: Las iniciativas locales de seguridad rural y los dispositivos de asistencia integral a las víctimas del delito funcionan en la actualidad por fuera de la estructura jurídica madre.
Articulación de mandos: La provincia busca consolidar una política que reconozca a los intendentes como conductores políticos de sus comunidades, coordinando de forma articulada con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada evidenció un fuerte consenso institucional, logrando reunir en una misma mesa de trabajo a jefes comunales pertenecientes a fuerzas políticas del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), partidos vecinalistas y diferentes corrientes del peronismo.
La nómina completa de los mandatarios locales que participaron activamente del cónclave y firmaron las actas de trabajo estuvo integrada por: Guillermo Britos (Chivilcoy), Sergio Barenghi (Bragado), Darío Golía (Chacabuco), María José Gentile (9 de Julio), Erica Revilla (General Arenales), Gilberto Alegre (General Villegas), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), y Jorge Gaute (Alberti)
El plenario de comisiones de la Cuarta Sección contó además con las disertaciones de la subsecretaria de Participación Comunitaria, Sol Margos, y del subsecretario de Formación, Ignacio Pacho, quienes coordinarán las mesas técnicas regionales para sistematizar los aportes locales antes de la elevación definitiva del proyecto de ley a las cámaras legislativas.
