El Vivero Municipal de Luján cumple un rol estratégico en la producción, conservación y provisión de especies vegetales destinadas a la forestación y al embellecimiento del espacio público del distrito.
Ubicado en Ruta 7 y Acceso a Carlos Keen, el vivero alberga una amplia biodiversidad de árboles y plantas, cuidadosamente gestionadas por un equipo de profesionales especializados. Su trabajo contempla las necesidades específicas de cada especie, así como su correcta aplicación y localización dentro del tejido urbano con el objetivo de favorecer el desarrollo ambiental del Municipio, como lo establece el Plan Luján Limpio.
Desde este espacio se cultivan, se reciben y se cuidan los ejemplares destinados a la creación y mantenimiento de áreas verdes, parques y veredas, promoviendo la integración de la naturaleza en la ciudad y contribuyendo a una planificación urbana más sostenible.
Asimismo, el suministro continuo de especies sanas y adaptadas al entorno local garantiza una fuente confiable para la reforestación y los proyectos paisajísticos, optimizando los recursos y fortaleciendo las políticas ambientales.
Las especies producidas en el Vivero Municipal resultan fundamentales para el cumplimiento del Plan de Arbolado Urbano de Luján. Entre las variedades más representativas se encuentran la catalpa, algarrobo, ciná ciná, anacahuita, casuarina, ceibo, ciprés, ciruelo de jardín, crespón, curupí, espinillo y palo amarillo.
Ante nuevos reclamos de algunos productores por el costo de la tasa vial, el Secretario Municipal de Hacienda, Eduardo De Lillo, expresó que en valores relativos no hubo modificación alguna aunque sí puede incrementarse en valores absolutos en caso que ocurra lo mismo con el precio de los cereales y de la carne.
Raúl Antonio Guglielminetti, exintegrante del Batallón de Inteligencia 601 y uno de los rostros más visibles del aparato represivo de la última dictadura militar, falleció el miércoles a los 84 años.
El deceso se produjo en su propiedad de la ciudad de Mercedes, donde se encontraba bajo una autorización judicial de carácter temporal por razones de salud.
Guglielminetti, conocido por el alias de «Mayor Guastavino», fue una figura central en el engranaje del terrorismo de Estado en la Argentina.
Su fallecimiento cierra una biografía marcada por el espionaje, múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad y una trayectoria que osciló entre el poder en las sombras y la reclusión en cárceles comunes.
Guglielminetti se encontraba cumpliendo penas de prisión perpetua en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. Sin embargo, el pasado 26 de septiembre, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 le otorgó una autorización para trasladarse a su domicilio en Mercedes para recibir cuidados por parte de su familia, debido al deterioro de su estado físico.
Su vínculo con esta localidad bonaerense no era nuevo: a lo largo de las décadas, diversas investigaciones judiciales señalaron su propiedad en Mercedes como un lugar de refugio y, en ocasiones, como sitio de hallazgo de armamento y explosivos durante sus periodos como prófugo de la justicia en los años 80 y 90.
La carrera de Guglielminetti comenzó en los años 60 como agente civil de inteligencia. Durante la dictadura, actuó en centros clandestinos de detención emblemáticos como «Automotores Orletti» y fue pieza clave en el Plan Cóndor, coordinando operaciones represivas en el exterior, especialmente en Centroamérica.
Con el retorno de la democracia en 1983, protagonizó uno de los episodios más polémicos de la época al filtrarse imágenes suyas cumpliendo funciones de custodia del entonces presidente Raúl Alfonsín, lo que forzó su salida y posterior huida del país. A lo largo de los años, también estuvo vinculado a bandas de secuestros extorsivos y fue investigado en diversas causas por delitos comunes, incluyendo estafas y sospechas en el secuestro de Mauricio Macri en 1991.
Desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, Guglielminetti acumuló numerosas sentencias. Fue condenado por homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos en circuitos represivos que incluyeron la Superintendencia de Seguridad Federal y el área de Neuquén.
Hasta sus últimos momentos, los organismos de derechos humanos señalaron su negativa a aportar información sobre el destino de los desaparecidos o el paradero de los niños apropiados, manteniendo lo que los querellantes definieron como un estricto «pacto de silencio» hasta el día de su muerte.
La crisis de infraestructura en la Ruta Nacional 5 ha pasado de ser una deficiencia técnica a convertirse en un conflicto social y político de larga data.
Tras más de 30 años de reclamos vecinales, promesas de autovía incumplidas y proyectos que mueren en los despachos oficiales, la región recibe una nueva señal de alerta: la oficialización de la reapertura del peaje en Gorostiaga (kilómetro 139) y un incremento tarifario del 19%.
La necesidad de una mejora estructural que conecte de manera segura a las poblaciones de Buenos Aires y La Pampa no es nueva.
Durante tres décadas, diversos gobiernos han anunciado la transformación de la ruta en autovía para mitigar la alta siniestralidad de un corredor vital para la producción agroindustrial.
Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama opuesto: el sostenimiento del trazado existente es casi inexistente, con banquinas descalzadas, asfalto deteriorado, pastos en banquina que superan el metro de alto y tapan la señalización, que ya se por es deficiente, que profundizan la inseguridad vial.
La reapertura de la cabina en Gorostiaga es percibida por los usuarios como una medida netamente recaudatoria.
Según la nueva disposición, no solo se restablece el cobro en un tramo que estaba liberado, sino que se eliminan los descuentos por TelePASE, obligando a los conductores locales —muchos de los cuales cruzan el peaje varias veces al día por razones laborales— a pagar el costo total de la tarifa.
Lo que genera mayor indignación en las cámaras de transporte y asambleas de vecinos es la falta de un plan de obras. En los pliegos actuales, no hay plazos ni financiamiento asignado para la continuación de la autovía. La gestión se limita a la reactivación del cobro, sin que esto se traduzca en una contraprestación de servicios o seguridad para quienes transitan una de las rutas más peligrosas del país.
Para las poblaciones de la zona de influencia, la Ruta 5 se ha vuelto un símbolo de la «intransitabilidad». La desconexión entre el aumento del costo de peaje y la inversión real en la cinta asfáltica deja a los usuarios en un estado de indefensión, cautivos de un sistema que prioriza la rentabilidad financiera sobre la vida de los ciudadanos.
