El conflicto por la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires suma un nuevo y tenso capítulo, en torno a un viejo tema: el cobro de peajes y la falta de continuidad de la autovía en la traza de la ruta nacional 5.
El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, manifestó su rechazo absoluto ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional instale nuevas estaciones de peaje en la localidad de Gorostiaga, sobre la Ruta Nacional 5, en el marco de las nuevas licitaciones de concesión.
En declaraciones a este medio, Britos fue tajante al vincular cualquier nueva carga impositiva a la finalización de las obras de la autovía, una deuda histórica que, según recordó, data del año 1990. «Voy a decirle a mis vecinos que no paguen el peaje hasta que no se haga la autovía que está comprometida hace 36 años», sentenció el jefe comunal.
Resistencia política y legislativa
La postura del Ejecutivo local cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante. Según adelantó Britos, tras la reciente aprobación de un proyecto exigiendo la reactivación de las obras, la próxima sesión parlamentaria votará un rechazo formal a la instalación de cabinas hasta que la doble vía alcance, al menos, la ciudad de Bragado.
El intendente aseguró que no se trata de una postura aislada, sino de un frente común: «Estaremos todos los intendentes, independientemente del espacio político, resistiendo la instalación del peaje».
«La ruta de la muerte»
El malestar radica en que las nuevas licitaciones estarían orientadas exclusivamente al mantenimiento de la traza actual y no a la construcción de la autovía, elemento que Britos considera indispensable para la seguridad vial.
«Con esta ruta, que es la ‘ruta de la muerte’, seguir sumando peajes y avisando que no van a hacer la autovía es inadmisible. Si es solo para mantenimiento, con lo que ya se recauda del impuesto al combustible debería sobrar», cuestionó.
Un conflicto de larga data
Para el jefe comunal, la falta de obras de fondo convierte a cualquier nuevo cobro en una medida meramente recaudatoria que no soluciona el problema que es eje: la peligrosidad de la ruta y la demora en los traslados.
Britos subrayó que, si la infraestructura fuera la adecuada (una autovía finalizada), el sector productivo y los vecinos no presentarían objeciones al pago, pero que bajo las condiciones actuales, la medida es inviable.
Con las cartas sobre la mesa, el panorama en la Ruta 5 se encamina a una judicialización o a una resistencia civil coordinada por los jefes comunales de la región, quienes exigen que las promesas de hace más de tres décadas se transformen finalmente en realidad.
