La decisión del Gobierno nacional de concesionar por 20 años la Ruta Nacional 5 volvió a poner en primer plano un reclamo que desde hace décadas une a municipios, legisladores, organizaciones civiles y vecinos de toda la región: la construcción de la autovía.
La nueva concesión del denominado «Tramo Pampa», formalizada mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, contempla tareas de mantenimiento, conservación, repavimentación parcial y la instalación de nuevas cabinas de peaje, pero no incorpora la transformación integral de la traza en una autovía.
La medida despertó cuestionamientos en distintos puntos del corredor vial que une Buenos Aires desde Luján, con la provincia de La Pampa, al considerar que se trata de una concesión de largo plazo que posterga una obra considerada estratégica para reducir la siniestralidad y acompañar el crecimiento productivo de la región.
Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado provincial pampeano Espartaco Marín, quien resumió el malestar con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: «Le pedíamos una autovía y nos devolvieron un peaje…».
El legislador sostuvo que las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria se limitan al mantenimiento del corredor y la instalación de cabinas de cobro, sin avanzar sobre la ampliación de la calzada que La Pampa viene reclamando desde hace años.
En la provincia de Buenos Aires, la preocupación también llegó al Concejo Deliberante de Bragado. La concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, presentó un proyecto de resolución que será tratado en la próxima sesión ordinaria y mediante el cual propone rechazar la Resolución 706/2026 y renovar el histórico pedido para que la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional 5 vuelva a ser una prioridad del Estado nacional.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que la nueva concesión «prioriza únicamente el mantenimiento y la explotación mediante el cobro de peajes», dejando de lado una infraestructura considerada indispensable para mejorar la seguridad vial.
La iniciativa también cuestiona la incorporación de nuevas estaciones de peaje sin un compromiso concreto de ejecutar las obras de transformación de la ruta.
La Ruta Nacional 5 constituye uno de los corredores más importantes del centro del país. Por ella circulan diariamente miles de automovilistas, transportistas y productores que conectan localidades como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Santa Rosa y otros puntos de La Pampa.
Al mismo tiempo, es una de las rutas con mayor índice de accidentes graves, especialmente por las colisiones frontales que se producen en una calzada simple sin separación física entre sentidos de circulación.
El proyecto presentado en Bragado propone además remitir la resolución a los concejos deliberantes de todos los municipios atravesados por la Ruta Nacional 5, con el objetivo de fortalecer una posición institucional conjunta frente al Gobierno nacional.
La intención es que el reclamo trascienda las fronteras partidarias y represente una demanda común de las comunidades que conviven diariamente con una ruta estratégica para el desarrollo económico, el transporte y la producción, pero que continúa siendo escenario de numerosos siniestros viales.
En Mercedes se presume que, en la sesión ordinaria venidera, esta concesión será uno de los ejes centrales del debate, dado que por cuestiones de índole política no se ha logrado un proyecto unificado.
formalizada mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, contempla tareas de mantenimiento, conservación, repavimentación parcial y la instalación de nuevas cabinas de peaje, pero no incorpora la transformación integral de la traza en una autovía.
La medida despertó cuestionamientos en distintos puntos del corredor vial que une Buenos Aires desde Luján, con la provincia de La Pampa, al considerar que se trata de una concesión de largo plazo que posterga una obra considerada estratégica para reducir la siniestralidad y acompañar el crecimiento productivo de la región.
Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado provincial pampeano Espartaco Marín, quien resumió el malestar con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: «Le pedíamos una autovía y nos devolvieron un peaje…».
El legislador sostuvo que las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria se limitan al mantenimiento del corredor y la instalación de cabinas de cobro, sin avanzar sobre la ampliación de la calzada que La Pampa viene reclamando desde hace años.
En la provincia de Buenos Aires, la preocupación también llegó al Concejo Deliberante de Bragado. La concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, presentó un proyecto de resolución que será tratado en la próxima sesión ordinaria y mediante el cual propone rechazar la Resolución 706/2026 y renovar el histórico pedido para que la construcción de la Autovía de la Ruta Nacional 5 vuelva a ser una prioridad del Estado nacional.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que la nueva concesión «prioriza únicamente el mantenimiento y la explotación mediante el cobro de peajes», dejando de lado una infraestructura considerada indispensable para mejorar la seguridad vial.
La iniciativa también cuestiona la incorporación de nuevas estaciones de peaje sin un compromiso concreto de ejecutar las obras de transformación de la ruta.
La Ruta Nacional 5 constituye uno de los corredores más importantes del centro del país. Por ella circulan diariamente miles de automovilistas, transportistas y productores que conectan localidades como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Santa Rosa y otros puntos de La Pampa.
Al mismo tiempo, es una de las rutas con mayor índice de accidentes graves, especialmente por las colisiones frontales que se producen en una calzada simple sin separación física entre sentidos de circulación.
El proyecto presentado en Bragado propone además remitir la resolución a los concejos deliberantes de todos los municipios atravesados por la Ruta Nacional 5, con el objetivo de fortalecer una posición institucional conjunta frente al Gobierno nacional.
La intención es que el reclamo trascienda las fronteras partidarias y represente una demanda común de las comunidades que conviven diariamente con una ruta estratégica para el desarrollo económico, el transporte y la producción, pero que continúa siendo escenario de numerosos siniestros viales.
En Mercedes se presume que, en la sesión ordinaria venidera, esta concesión será uno de los ejes centrales del debate, dado que por cuestiones de índole política no se ha logrado un proyecto unificado.
La nueva concesión de la Ruta Nacional Nº 5 será uno de los temas centrales que abordará el Honorable Concejo Deliberante de Mercedes durante la sesión prevista para este lunes. Más allá de las diferencias planteadas en los proyectos presentados por distintos bloques políticos, existe coincidencia en la necesidad de establecer un vínculo institucional con la empresa CEOSA, flamante concesionaria del denominado tramo «Pampa», para abordar diversas cuestiones vinculadas al corredor vial.
Según pudo saberse, tanto el proyecto impulsado por el vecinalismo como la iniciativa presentada por la Unión Cívica Radical podrían confluir en un texto consensuado. La intención, adelantada por la presidenta del cuerpo, Mariana San Martín, es alcanzar un pronunciamiento común que refleje las preocupaciones y demandas surgidas tras el inicio de la nueva etapa privada del camino.
Si bien la situación de los trabajadores desvinculados aparece como uno de los aspectos más sensibles, no es el único punto que preocupa a los concejales. La nueva concesión abre un escenario distinto para una de las principales vías de comunicación de la región y genera interrogantes sobre múltiples temas vinculados a la operación, el mantenimiento, las obras previstas, la seguridad vial, la atención de emergencias y la relación institucional que la empresa mantendrá con los municipios atravesados por la traza.
En ese marco, desde el Concejo consideran fundamental establecer cuanto antes canales de comunicación con CEOSA para conocer detalles de la planificación de la concesión y trasladar inquietudes que surgen tanto desde el ámbito político como de distintos sectores de la comunidad.
Respecto de la situación laboral, es oportuno remarcar que las desvinculaciones producidas a partir del 1º de julio corresponden a trabajadores que mantenían relación laboral con Corredores Viales S.A., una empresa dependiente del Estado nacional, cuya concesión finalizó al producirse el traspaso al nuevo operador. Es decir que la “motosierra” del gobierno de Javier Milei volvió a pasar por Mercedes.
La intención de avanzar en una resolución consensuada busca, precisamente, fortalecer la posición institucional del cuerpo deliberativo y establecer un marco de diálogo con todos los actores involucrados, incluyendo organismos nacionales, representantes gremiales y la propia concesionaria.
La sesión de este lunes no solo pondrá sobre la mesa el impacto laboral derivado del cambio de concesión, sino también la necesidad de construir una relación institucional temprana con CEOSA para abordar los desafíos y expectativas que genera la administración de uno de los corredores viales más importantes del oeste bonaerense.
El Honorable Concejo Deliberante de Bragado aprobó formalmente la Resolución N° 3102/26, mediante la cual manifiesta su enérgico rechazo a la instalación de nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 5 y reclama de forma urgente al Gobierno nacional la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para convertir el corredor vial en autovía.
El pronunciamiento legislativo –en sintonía con oros que se realizaron o están en tratamiento, como en el caso de Mercedes– expone el creciente malestar de los municipios de la región ante las condiciones fijadas para la explotación de esta estratégica vía de comunicación.
La medida adoptada por los ediles bragadenses cuestiona de forma directa la Resolución 706/2026 dictada por el Ministerio de Economía de la Nación. Dicha normativa otorgó la adjudicación y concesión del denominado «Tramo Pampa» por un período de 20 años a la firma Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (CEOSA).
De acuerdo con lo estipulado en los pliegos oficiales, el contrato faculta a la prestataria a realizar tareas de administración, mantenimiento, reparación y explotación comercial del corredor, pero deja fuera de las obligaciones de inversión las obras de duplicación de calzada largamente demandadas por los usuarios de la zona.
Entre los puntos de mayor controversia técnica y política se destaca la autorización para habilitar dos nuevas estaciones de cobro de peaje: una de ellas emplazada en la localidad de Gorostiaga (partido de Chivilcoy, en el tramo que conecta con Suipacha) y otra en Lonquimay, provincia de La Pampa. Estas nuevas dependencias tarifarias se sumarán a los puestos que ya se encuentran operativos en Olivera (Luján), Nueve de Julio y Trenque Lauquen. Los concejales consideraron contradictorio ampliar la carga económica sobre los usuarios viales mientras la traza general sigue careciendo de mejoras de fondo.
Para fundamentar el reclamo, el cuerpo deliberativo citó estadísticas de la Fundación Estrellas Amarillas, las cuales indican que el 92% de las víctimas fatales registradas en siniestros viales sobre la Ruta 5 obedecen a choques frontales, una problemática ligada directamente a la ausencia de una infraestructura de autovía. Asimismo, recordaron que los pliegos actuales solo contemplan trabajos de repavimentación en un segmento acotado de 47,4 kilómetros comprendido entre Trenque Lauquen y Pellegrini.
La resolución, que recoge los históricos lineamientos de agrupaciones vecinales como «Autovía 5 Ya», remarca que el Estado nacional cuenta con recaudación específica proveniente de los impuestos a los combustibles que debería asignarse prioritariamente a estos fines. El documento legislativo será remitido a la Presidencia de la Nación, al Ministerio de Economía y a la totalidad de los concejos deliberantes de los partidos bonaerenses y pampeanos atravesados por la Ruta 5, buscando consolidar un frente de reclamo regional unificado.
