El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mercedes manifestó su enérgico rechazo ante un conjunto de medidas y normativas que, advierten, amenazan fuertemente el poder adquisitivo de los vecinos.
A través de su referente, el edil Daniel Ivaldis, el espacio opositor denunció un «ajuste brutal» articulado en dos frentes: por un lado, las políticas de quita de subsidios del Gobierno Nacional y, por el otro, la presión fiscal ejercida por la gestión municipal local.
La principal preocupación de los legisladores radica en el impacto que tendrá la intención del Ejecutivo Nacional de eliminar el beneficio de la denominada «Zona Fría».
Se trata de un subsidio clave que protege a miles de hogares mercedinos de las bajas temperaturas invernales; de concretarse su quita, las facturas de gas sufrirían un incremento desmedido, dañando de manera directa el salario de los trabajadores y jubilados de la ciudad.
El impacto de la tasa local
Sin embargo, desde el radicalismo aclararon que el ajuste no proviene únicamente de la administración nacional.
Ivaldis señaló que la Ordenanza Fiscal Impositiva impulsada por el Intendente Municipal establece un cobro del 8% a la empresa prestataria de gas en concepto de «ocupación del espacio público».
«Lejos de ser un costo que absorba la compañía, este impuesto municipal se traslada directamente a la factura de cada usuario de Mercedes», explicaron desde el bloque de la UCR. «Es decir, mientras Nación recorta un beneficio vital, el Municipio suma una carga impositiva que termina pagando el vecino de su propio bolsillo».
Un escenario insostenible para el invierno
Para la oposición, la combinación de ambas medidas genera un escenario de asfixia para la economía familiar. Según argumentaron, el Gobierno Nacional desprotege a una región con inviernos duros al quitar la Zona Fría, al mismo tiempo que el Gobierno Municipal no cede en su presión fiscal y cobra una tasa que encarece aún más un servicio esencial.
Finalmente, los concejales Daniel Ivaldis y Aída Laporta instaron a las autoridades competentes a revisar de manera urgente estas políticas con el objetivo de evitar que el próximo invierno se convierta en una carga económica insostenible para toda la comunidad.
